viernes, 29 de junio de 2012
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jueves, 28 de junio de 2012
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lunes, 18 de junio de 2012
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sábado, 16 de junio de 2012
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viernes, 15 de junio de 2012
¿POR QUÉ ES TAN CARA LA UNIVERSIDAD EN CHILE?
Archivos Desclaficados Informe nº:20 Nombre del archivo: Desigualdad económica e inequidad social:
A continuación, transcribimos un reportaje del periodista de la BBC Vladimir Hernández sobre la incidencia económica de la educación en Chile.
¿Por qué es tan cara la universidad en Chile?
La vida de Constanza, en estos momentos, está marcada por una deuda que le llevará más de una década en pagar.Esta joven estudiante de antropología, de 23 años, debe unos US$20.000 para poder estudiar la mayor parte de su carrera universitaria. Y si termina de cursar las materias, y debe alguna cuota, no podrá titularse.
La historia de Constanza es un ejemplo de lo que vive gran parte de los más de 900 mil estudiantes universitarios en este país.
Chile es el país con la educación superior más cara del mundo según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el único en América Latina donde todas las universidades son pagas, una situación que muchos estudiantes perciben como injusta.
Por ello, el movimiento aglomerado en la Confederación de Centros de Estudiantes de Chile (Confech) viene desde el año pasado protestando en las calles del país.
La gratuidad de las universidades chilenas desapareció en los años 80 durante el gobierno militar de Augusto Pinochet.
Desde entonces la cantidad de estudiantes en educación superior se quintuplicó.
Este aumento estuvo acompañado de un crecimiento económico (aunque con elevados índices de desigualdad), pero en la actualidad, la demanda de jóvenes que quieren ingresar a las universidades no tiene precedentes.
Pero los costos son enormes. ¿Por qué?
Precio de una educación
"En las últimas décadas aumentaron mucho los costos de la educación superior porque la disposición a pagar es muy alta. Las universidades captaron eso y por ello fijan los precios a su criterio", señaló a BBC Mundo Claudia Sanhueza, profesora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales.
Por su parte, el ministro de Educación de Chile, Harald Beyer, le dijo a BBC Mundo, que se debe a una mezcla de factores: la falta de inversión en educación superior, la concentración de esfuerzos de los fondos públicos en otras áreas como preescolar y escolar y el crecimiento y desarrollo demográfico de la población joven.
Un informe publicado en 2009 en conjunto por el Banco Mundial y la OCDE -un ente que agrupa a las naciones más ricas del planeta- muestra que el precio promedio anual de la matrícula universitaria es de US$3.400.
Si bien en Estados Unidos o Australia, por ejemplo, la matrícula puede ascender a decenas de miles de dólares, cuando se compara el promedio chileno con el poder adquisitivo se observa que US$3.400 son iguales a 22% del Producto Interno Bruto per capita.
Y no hay otro país en el mundo en donde la educación superior sea tan costosa.
"Las carreras más caras triplican estos costos, lo que resulta insostenible para un país como Chile", señaló a BBC Mundo Manuel Riesco, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, en Santiago.
Riesco tomó estadísticas del Ministerio de Educación del 2010 y de la encuesta oficial de hogares y encontró que el costo promedio de las universidades ahora se encuentra por encima de los US$4.000 anuales. Esta cifra es equiparable al ingreso mensual promedio de la familia chilena de mayor poder adquisitivo.
"De los otros sectores familiares ni hablar", aseveró Riesco.
Según sus cálculos, basados en números oficiales, la familia chilena de menor ingresos percibe un promedio mensual de US$275, por lo que debería dedicar casi 20 meses de salario para costear un solo año de universidad de uno de los integrantes del grupo familiar.
¿No hay becas?
El Estado chileno, según la OCDE, ayuda a un 13,8% de los estudiantes con becas, lo cual se encuentra bastante por debajo de la media de los países que integran dicho bloque, en donde incluso Estados Unidos, con una reconocida matrícula costosa (aunque menor a Chile en relación al poder adquisitivo), aporta 51%.
De ahí que el crédito se convirtió en una de las las principales vías de los estudiantes para poder estudiar una carrera universitaria.
En Chile, nuevamente con datos de la OCDE, el Estado asume 18% del total de la matrícula mientras que las familias asumen el costo del 82% restante, una tasa que supera a la de cualquier otro país del mundo.
Riesco afirma que hay 455.000 estudiantes que han recibido el llamado Crédito con Aval del Estado (CAE), un financiamiento en donde el gobierno actúa de garante para aquellos con mérito académico.
El total de estos préstamos otorgados suma unos US$2.200 millones y deja un promedio de deuda por estudiante de US$4.900.
"Estos créditos han sido asumidos en su mayor parte por familias más modestas y el monto promedio representa poco menos de 18 meses de ingresos de una familia del quintil (de menor ingresos) más pobre", dice Riesco.
¿Vientos de cambio?
Tras más de un año de manifestaciones estudiantiles, el gobierno del presidente Sebastian Piñera anunció recientemente una serie de reformas para tratar de atender lo que los propios funcionarios del gobierno reconocen como "desigual".
"La idea es modificar el sistema de financiamiento (de la educación superior) porque es muy gravoso para los estudiantes y las familias", dijo Beyer a BBC Mundo.
La propuesta diseñada desde el despacho de Beyer, recibida esta semana por el Congreso, baja a partir de 2013 el interés de los créditos de 6% a 2% anual, limita el monto máximo de pago mensual hasta 10% del ingreso del deudor y después de 180 cuotas mensuales se condona la deuda.
Para ello, el Estado intervendría directamente en el financiamiento y saca a los bancos del papel de prestamista.
"Es un cambio radical con el sistema que había, que tenía cuotas fijas y tasas de 6% anual. Era muy gravoso", afirma Beyer.
"Para esto excluimos al 10% más rico de la población porque esto es un crédito subsidiado y dada la distribución de ingresos (de Chile) donde el 10% de la población se lleva 39% del ingreso nacional, entregarle también un crédito subsidiado no era equitativo", agregó.
El gobierno también introdujo al legislativo un proyecto para que se apliquen los nuevos criterios a las deudas ya vigentes entre estudiantes y la banca, en donde el Estado asumiría las diferencias.
Para financiar estas y otras reformas en educación, el gobierno busca modificar el sistema tributario de Chile, con una propuesta que generaría US$1.000 millones al Fisco.
"El compromiso es destinarlo todo a la educación", aseveró Beyer.
Además de modificar el sistema de financiamiento se pretende elevar el número de becas para cuadruplicar en 2014 las más de 100.000 ayudas financieras que se dan actualmente a estudiantes universitarios por año.
"Tal vez las movilizaciones (estudiantiles) adelantaron este proceso, pero estas ideas eran parte del programa de gobierno del presidente Piñera", afirma el titular de Educación.
"Pero hay ciertas cosas que han planteado (los estudiantes) que el gobierno no ha acogido y no está en su agenda acoger, porque no van en la dirección de mayor calidad y equidad, como en específico la gratuidad", añadió.
Y es este el punto de desacuerdo principal para la dirigencia política universitaria. Algunos reconocen que las reformas son un avance, pero demandan que se establezca la gratuidad de la educación universitaria.
Esta es una de las principales razones por las que vuelven las marchas al país.
En otros países de la región
BBC Mundo revisó los precios de la carrera de periodismo en diferentes universidades privadas de América Latina, para graficar el costo por país de una carrera.
• Universidad Católica de Argentina: US$ 4.980.
• Universidad Católica de Chile: US$ 8.400.
• Universidad Pontificia Javeriana de Colombia: US$ 4.300.
• Universidad La Salle, en México: US$ 8.200.
• Universidad Católica de Perú: US$ 3.760 (según número de créditos que inscriba).
• Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela: US$ 3.200 (a tasa de cambio oficial).
Fuente: páginas web de cada universidad
lunes, 11 de junio de 2012
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sábado, 9 de junio de 2012
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miércoles, 6 de junio de 2012
GUERRA DEL FÚTBOL O LA GUERRA DE LAS 100 HORAS
Archivos Desclaficados Informe Nº: 17- Nombre del archivo: Lugar: Guerra del fútbol o la Guerra de las 100 horas. Fecha: 14 al 18 de julio de 1969
Victimas: 2.000 y 6.000 civiles muertos, y más de 15.000 heridos dependiendo de la fuente. Beligerantes: El Salvador y Honduras. Causas: Deportación masiva de granjeros y trabajadores salvadoreños de Honduras. Se alegaron altercados en un partido de fútbol entre ambas selecciones nacionales.
Antecedentes
La Guerra del fútbol o la Guerra de las 100 horas fue llamada así por la coincidencia de este hecho con los derivados de un partido de fútbol que enfrentó a las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, con motivo de las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. El nombre con el que se conoce a esta guerra fue acuñado por el reportero polaco Ryszard Kapuściński.
En ella se evidenciaron las tensiones políticas entre estos países que los llevaron al conflicto armado. Fue una guerra breve (cuatro días). La situación social en ambos países era explosiva y se buscaba por parte de los militares gobernantes una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país.
Hechos
Los hacendados controlaban la mayor parte de la tierra cultivable en El Salvador. Esto llevó a la emigración constante de campesinos pobres a regiones de Honduras cercanas a la frontera con El Salvador. En 1969, Honduras decidió realizar una reforma agraria, para lo cual expropiaron y expulsaron a los salvadoreños que habían vivido ahí durante varias generaciones y los que se habían hecho propietarios a base de esfuerzo propio. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras y un "regreso" masivo a El Salvador. Esta escalada de tensión fue aprovechada por los gobiernos de ambos países para orientar la atención de sus poblaciones hacia afuera, en vez de los conflictos políticos internos de cada país. Los medios de comunicación de ambos países jugaron un papel importante, alentando el odio entre hondureños y salvadoreños. Los conservadores en el poder en El Salvador temían que más campesinos implicarían más presiones socioeconómicas en El Salvador, razón por la cual decidieron intervenir militarmente en Honduras.
El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras y consiguió acercarse a la capital hondureña Tegucigalpa. La Organización de Estados Americanos negoció un alto el fuego que entró en vigor el 20 de julio. Las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto.
Al final de la guerra, los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse y el Mercado Común Centroamericano quedó en ruinas. Bajo las reglas de dicho mercado, la economía salvadoreña (que era la más industrializada en Centroamérica), estaba ganando mucho terreno en relación a la economía hondureña.
Las dos naciones firmaron el Tratado General de Paz en Lima, Perú el 30 de octubre de 1980 por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia.
Resultados de los encuentros
Estos son los resultados de los partidos de fútbol entre las selecciones de ambos países:
• El 6 de junio de 1969 Tegucigalpa: Honduras - El Salvador 1-0 (0-0 en el descanso)
• El 15 de junio de 1969 San Salvador: El Salvador - Honduras 3-0 (3-0)
• El encuentro de desempate tuvo lugar el 27 de junio de 1969 - El Salvador - Honduras 3-2 (1-2 en el descanso, 2-2 en jornada completa), jugado en la Ciudad de México.
Consecuencias de la guerra
- La muerte de entre 2.0002 y 6.000 civiles, y más de 15.000 heridos dependiendo de la fuente.
- Unos 60.000 a 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país.
- La finalización del esfuerzo de integración regional conocido como Mercado Común Centroamericano (MCCA), diseñado por EE. UU. como una contraparte económica regional para contrarrestar los efectos de la revolución socialista en Cuba.
- El refuerzo del papel político de los militares en ambos países. En El Salvador, en las elecciones legislativas que siguieron, la mayoría de los candidatos del Partido de Conciliación Nacional (PCN) de El Salvador, en esa fecha en el gobierno, salidos del Ejército, hicieron una enorme apología de su papel en el conflicto y por consiguiente resultaron victoriosos en las elecciones de diputados y alcaldes.
- El agravamiento de la situación social en El Salvador, producto de las deportaciones desde Honduras, ya que el gobierno tuvo que facilitar a estas personas la reinserción económica, que no se logró satisfacer adecuadamente. Aumentó la presión social que derivó en la guerra civil que viviría el país centroamericano.
Victimas: 2.000 y 6.000 civiles muertos, y más de 15.000 heridos dependiendo de la fuente. Beligerantes: El Salvador y Honduras. Causas: Deportación masiva de granjeros y trabajadores salvadoreños de Honduras. Se alegaron altercados en un partido de fútbol entre ambas selecciones nacionales.
Antecedentes
La Guerra del fútbol o la Guerra de las 100 horas fue llamada así por la coincidencia de este hecho con los derivados de un partido de fútbol que enfrentó a las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, con motivo de las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. El nombre con el que se conoce a esta guerra fue acuñado por el reportero polaco Ryszard Kapuściński.
En ella se evidenciaron las tensiones políticas entre estos países que los llevaron al conflicto armado. Fue una guerra breve (cuatro días). La situación social en ambos países era explosiva y se buscaba por parte de los militares gobernantes una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país.
Hechos
Los hacendados controlaban la mayor parte de la tierra cultivable en El Salvador. Esto llevó a la emigración constante de campesinos pobres a regiones de Honduras cercanas a la frontera con El Salvador. En 1969, Honduras decidió realizar una reforma agraria, para lo cual expropiaron y expulsaron a los salvadoreños que habían vivido ahí durante varias generaciones y los que se habían hecho propietarios a base de esfuerzo propio. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras y un "regreso" masivo a El Salvador. Esta escalada de tensión fue aprovechada por los gobiernos de ambos países para orientar la atención de sus poblaciones hacia afuera, en vez de los conflictos políticos internos de cada país. Los medios de comunicación de ambos países jugaron un papel importante, alentando el odio entre hondureños y salvadoreños. Los conservadores en el poder en El Salvador temían que más campesinos implicarían más presiones socioeconómicas en El Salvador, razón por la cual decidieron intervenir militarmente en Honduras.
El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras y consiguió acercarse a la capital hondureña Tegucigalpa. La Organización de Estados Americanos negoció un alto el fuego que entró en vigor el 20 de julio. Las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto.
Al final de la guerra, los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse y el Mercado Común Centroamericano quedó en ruinas. Bajo las reglas de dicho mercado, la economía salvadoreña (que era la más industrializada en Centroamérica), estaba ganando mucho terreno en relación a la economía hondureña.
Las dos naciones firmaron el Tratado General de Paz en Lima, Perú el 30 de octubre de 1980 por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia.
Resultados de los encuentros
Estos son los resultados de los partidos de fútbol entre las selecciones de ambos países:
• El 6 de junio de 1969 Tegucigalpa: Honduras - El Salvador 1-0 (0-0 en el descanso)
• El 15 de junio de 1969 San Salvador: El Salvador - Honduras 3-0 (3-0)
• El encuentro de desempate tuvo lugar el 27 de junio de 1969 - El Salvador - Honduras 3-2 (1-2 en el descanso, 2-2 en jornada completa), jugado en la Ciudad de México.
Consecuencias de la guerra
- La muerte de entre 2.0002 y 6.000 civiles, y más de 15.000 heridos dependiendo de la fuente.
- Unos 60.000 a 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país.
- La finalización del esfuerzo de integración regional conocido como Mercado Común Centroamericano (MCCA), diseñado por EE. UU. como una contraparte económica regional para contrarrestar los efectos de la revolución socialista en Cuba.
- El refuerzo del papel político de los militares en ambos países. En El Salvador, en las elecciones legislativas que siguieron, la mayoría de los candidatos del Partido de Conciliación Nacional (PCN) de El Salvador, en esa fecha en el gobierno, salidos del Ejército, hicieron una enorme apología de su papel en el conflicto y por consiguiente resultaron victoriosos en las elecciones de diputados y alcaldes.
- El agravamiento de la situación social en El Salvador, producto de las deportaciones desde Honduras, ya que el gobierno tuvo que facilitar a estas personas la reinserción económica, que no se logró satisfacer adecuadamente. Aumentó la presión social que derivó en la guerra civil que viviría el país centroamericano.
lunes, 4 de junio de 2012
Para que nunca más....: Los escándalos detrás del banco del Vaticano
Para que nunca más....: Los escándalos detrás del banco del Vaticano: La destitución del director del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, pretende poner fin a una nueva serie de escándalos en el Vaticano. En ...
domingo, 3 de junio de 2012
¡GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO!
Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro
rostro no se avergonzará… (Sal 34)
¡GLORIA
AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO!
Recuerdo que en mis años de
seminarista una de las visitas casi obligadas era la de visitar a los
religiosos o religiosas que estaban en los Monasterios. Me impresionaba su dedicación
total en la oración y el ofrecimiento de sus vidas por la Iglesia y
por las necesidades de la sociedad.
Su oración y el trabajo (“ora et
labora”) me mostraba un estilo de vida que, en algún momento, me fascinó e
incluso hubo algún atisbo de vocación para seguir su mismo camino. Visitaba a
los Cistercienses de San Pedro Cardeña (Burgos) o a los Benedictinos de Santo
Domingo de Silos (Burgos), provincia de la que soy natural. El recogimiento,
los cantos, las celebraciones de la Eucaristía… el trabajo de los campos, la
labor de la hospedería… todo era como un gran salmo de alabanza a Dios. Todo
esto me dejó una huella especial en el estilo de mi oración y
en el recogimiento interior para poder contemplar con
admiración los misterios del amor de Dios.
El lema de la Jornada se inspira
en un hermoso versículo del salmo 34 y dice así: “Contempladlo y
quedaréis radiantes” (La contemplación, luz de la evangelización). Los
monjes y las monjas, permaneciendo en el corazón mismo de la Iglesia mediante
la oración continua, la ofrenda de sí mismos y la alabanza, convierten su vida
en una misteriosa fuente de fecundidad apostólica y de bendición para la comunidad
cristiana y para el mundo. Ellos, expuestos a la luz de Dios y del Evangelio,
se convierten en testigos creíbles del gozo que nace de la fe y de la fuerza
apostólica que proporciona vivir el evangelio de Jesús. Cierto que llevan
adelante esta admirable y valiosa misión en la Iglesia desde su fragilidad,
contando con la gracia de Dios y purificando su corazón en la oración, el
silencio y la vida fraterna.
De ahí que sean luz para la nueva
evangelización. “Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada
generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del
Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es
necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva
evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el
entusiasmo de comunicar la fe”. Estas palabras de Benedicto XVI anunciando el
“Año de la fe” me vienen a la memoria al pensar en la “Jornada Pro Orantibus”,
que celebramos el día 3 de junio, domingo de la Santísima Trinidad.
Es deber de gratitud
reconocerles esta labor y darla a conocer a todos los fieles. En la
Archidiócesis de Pamplona son 34 monjes y 300 monjas, en 28 monasterios (2 de
monjes y 26 de monjas) hermanos nuestros contemplativos. Os animo a visitar los
monasterios e invito a todos que nos acerquemos a ellos. Encontraremos paz
interior y fortaleza en el seguimiento de la vida cristiana. Nuestra fe se
fortalecerá. Os animo a todos a poner interés y cariño en la celebración de
esta Jornada, para hacer realidad los objetivos que persigue.
Lo primero que hemos de hacer,
por los contemplativos, es rezar para que sigan viviendo con fidelidad
y entrega en la vocación que el Señor les ha regalado. En una sociedad
tan involucrada en el pragmatismo materialista, muchas veces, no se entiende el
trabajo de los monjes y monjas. Baste pensar en la labor que ellos hacen
complementando, con su entrega y silencio, a los que vivimos en plena actividad
puesto que no dedicamos todo el tiempo necesario a la plegaria y a la
contemplación. Al estilo de los pulmones necesitamos inspirar y expirar. Los
dos movimientos se complementan. En la Iglesia se necesitan tanto uno como
otro: contemplación y acción.
En segundo lugar quiero recordar
a los jóvenes que Dios sigue llamando y aún no os habéis planteado con
sinceridad cuál es la vocación a la que Él os invita. Estoy seguro que
Dios ha tocado el corazón de muchos pero tenéis cierto miedo. Os veis empujados
por los ‘slogan’ de una sociedad dónde se vive cómodamente y tal vez no sois
valientes para hacer la mejor aventura de vuestra vida que es la de entregaros
totalmente a Dios.
Os puede afectar el virus tan
nocivo de la apostasía silenciosa y apostasía de vida tan extendida en
occidente: creer que Dios es un estorbo en la vida o un intruso que molesta.
Todo lo contrario, Dios es la máxima libertad y la máxima felicidad. Cumplir su
voluntad es la mejor elección que podemos realizar y la única que nos puede
hacer madurar tanto en lo humano como en lo espiritual.
En tercer lugar invito a las
comunidades parroquiales, a las asociaciones, a los movimientos, a los
distintos carismas que hay en nuestra Diócesis para que no dejen de
visitar los Monasterios y les inviten a rezar por tantas necesidades que hay
en la familia, en el trabajo, en los niños, en los jóvenes, en los mayores…
¡No tengáis reparos de “exigir”,
a los monjes y monjas contemplativos, que recen por vosotros! ¡Agradezcamos su
vocación y todos juntos pidamos al Dueño de la mies que envíe obreros para
cuidarla!
viernes, 1 de junio de 2012
Masacre de Sandici
Archivos Desclaficados (Informe Nº: 16). Nombre del archivo: Masacre de Srebrenica (Srebrenica: "Área Segura")
Entre marzo y abril de 1993 varios cientos de bosnios fueron evacuados de la ciudad bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El gobierno bosnio se opuso frontalmente a las evacuaciones, pues veía en ellas una contribución a la limpieza étnica de la zona, en detrimento de la mayoría de población bosnia.
El 16 de abril de 1993, catorce días después de que murieran 56 personas en un bombardeo serbo-bosnio durante una evacuación organizada por el ACNUR, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 819, por la que se declaraba Srebrenica “área segura, libre de ataques y otras acciones hostiles”. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad declaró otras dos zonas seguras: Zepa y Gorazde. El 18 de abril de 1993 el primer contingente de tropas del UNPROFOR (Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas) llegó al enclave de Srebrenica.
Sin embargo, para la protección de dichas zonas seguras no se estableció ningún elemento disuasorio de carácter militar. Si bien el Secretario General de la ONU, Butros Butros-Ghali, había advertido de que serían necesarios 34.000 soldados más para hacer efectiva dicha protección "por la fuerza", la comunidad internacional rehusó aportar tantas tropas y acordó, en su lugar, desplegar 7.500 efectivos. Además, la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) sólo estaba autorizada a usar la fuerza en defensa propia, y no en defensa de los civiles a los que debían proteger. Posteriormente, Kofi Annan declararía que las áreas seguras no eran de hecho zonas protegidas ni refugios temporales según el derecho internacional humanitario, ni zonas seguras que tuvieran sentido desde el punto de vista militar.
Las autoridades serbo-bosnias volvieron a intentar capturar Srebrenica dado que, al estar junto a la frontera serbia y rodeada de territorio serbio, era a la vez estratégicamente importante y vulnerable. El 13 de abril de 1993 los serbobosnios comunicaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que atacarían la ciudad en un periodo de dos días si los habitantes no la habían rendido al expirar el plazo. Los bosnios se negaron a rendirse.
Mientras las fuerzas sitiadas en Srebrenica se desmilitarizaron supervisadas por la ONU, las tropas serbias que les acechaban permanecieron bien armadas y se negaron a cumplir con su parte del acuerdo de desmilitarización de la zona. El ejército de la República Sprska (VRS) se organizó en distritos militares y Srebrenica quedó dentro del territorio asignado al Cuerpo de Ejército del Drina. Entre 1.000 y 2.000 soldados de las brigadas del cuerpo del Drina fueron desplegados alrededor del enclave bosnio. Tres fuerzas serbias fueron equipadas con tanques, vehículos armados, artillería y morteros. En cambio, la unidad del ARBiH que permaneció en el enclave, la 28ª División de Montaña, no estaba ni bien organizada ni bien equipada, carecían de una estructura de mando firme así como de un sistema de comunicaciones efectivo. Algunos de sus miembros portaban viejos rifles de caza o no llevaban armas en absoluto, y muy pocos tenían uniformes.
La cámara del ICTY reunió posteriormente evidencias de la existencia de un plan deliberado por parte de los serbios para impedir la llegada a la zona de los convoys de ayuda internacional. Los productos de primera necesidad como las medicinas, la comida y el combustible se hicieron extremadamente escasos en la ciudad y los bosnios, cercados, se quejaron de constates ataques de las fuerzas serbias. Por su parte, los serbios alegaron que las tropas bosnias estaban utilizando el área segura como base desde la que lanzarían un gran ataque contra el VRS, y que el UNPROFOR no estaba haciendo nada para prevenirlo.
Sin embargo, los serbios no fueron los únicos que incumplieron el acuerdo que declaraba Srebrenica “area segura”. De hecho, desde el principio ambas partes lo violaron. El comandante del ARBiH, general Halilović, declararía posteriormente que tan pronto como firmó la declaración de área segura ordenó a sus hombres que sacaran todas las armas y demás equipamientos militares fuera de la zona convenida, cosa que, según él, hicieron. Sin embargo, también admitió que los helicópteros del ejército bosnio habían violado el espacio aéreo protegido y que él mismo había enviado ocho helicópteros cargados con munición para la 28ª División sitiada en la ciudad. Alegó que en términos morales no veía en ello una agresión al acuerdo, puesto que las tropas en la ciudad estaban pobremente armadas. En términos legales y militares, sin embargo, se trató de una violación.
Principios de 1995, la situación se deteriora
A principios de 1995, cada vez menos convoys de suministros conseguían entrar en la ciudad. El contingente holandés Dutchbat que tomó el relevo de dos compañías canadienses a principios de ese año comprobó cómo la situación empeoraba cada vez más. Incluso ellos contaban con cada vez menos alimentos, medicinas, munición y combustible, por lo que se vieron forzados a patrullar la zona a pie. Además, a algunos de sus integrantes que abandonaron el enclave en el curso de dichas patrullas, fueron retenidos por las tropas serbias, de modo que el número de soldados en Srebrenica cayó de 600 a 400. El teniente coronel Thomas Karremans, que estaba al mando de dichas fuerzas, denunció posteriormente que los serbios también impidieron la llegada al enclave de las municiones del UNPROFOR. En marzo y abril, las tropas holandesas dieron aviso de dos concentraciones de tropas serbias cerca de sus puestos de observación ‘’OP Romeo’’ y ‘’OP Québec’’
En marzo de 1995, Radovan Karadžić, presidente de la Republika Sprska, a pesar de la presión de la comunidad internacional y de sus esfuerzos por instaurar un acuerdo de paz, envió una directriz al VRS acerca de la estrategia a seguir en el enclave de Srebrenica. Dicha directriz, conocida como Directriz 7 indicaba que el VRS debía:
’’Completar la separación física entre Srebrenica y Žepa tan pronto como sea posible, impidiendo incluso la comunicación entre los individuos de ambos enclaves. Crear, mediante operaciones de combate bien planificadas, una situación de inseguridad tal, que no haya esperanza de supervivencia de vida alguna para los habitantes de Srebrenica’’.
Tal como se preveía en este decreto, a mediados de 1995 la situación tanto de los bosnios de Srebrenica como del personal militar allí establecido era catastrófica. En mayo, presuntamente siguiendo órdenes, Naser Orić y su personal abandonaron el enclave en helicóptero hacia Tuzla, dejando la 28ª División bajo el mando de suboficiales. A finales de junio y principios de julio el mando de la 28ª División envió una serie de peticiones urgentes para que fuera reabierto cuanto antes el corredor humanitario a la ciudad. Al no ser atendidas sus peticiones, comenzó en Srebrenica la tragedia del hambre. El viernes 7 de julio, en una de sus últimas comunicaciones, el Mayor al mando de la 28ª División comunicó la muerte de 8 habitantes por hambre.
La toma de la ciudad
Debido a la declaración de enclave seguro por la ONU, más de 60.000 civiles se encontraban refugiados en la ciudad cuando el día 2 de julio de 1995, el general serbobosnio Ratko Mladić decidió atacar Srebrenica. El día 6 de julio, dos columnas del VRS penetraron 4 km en el área segura para detenerse a tan sólo uno de la ciudad. El 8 de julio, un blindado holandés que obstaculizaba el avance fue atacado por los serbios y se retiró. Un grupo de bosnios exigió que el vehículo permaneciese en la zona y les ayudase. Cuando éstos se negaron, un bosnio arrojó una granada de mano contra el vehículo, causando la muerte del soldado Raviv van Rensen.20 Al comprobar la escasa resistencia por parte de las fuerzas bosnias, así como la ausencia de reacción internacional alguna, el presidente Karadžić envió una nueva directriz autorizando la toma de la ciudad por parte del Cuerpo de Ejército del Drina.
Al amanecer del 10 de julio las tropas del Dutchbat hicieron disparos de advertencia por encima de las tropas serbias, y lanzaron bengalas con morteros, pero nunca abrieron fuego directo contra ellos. El Teniente-Coronel Thomas Karremans hizo peticiones urgentes de apoyo aéreo a la OTAN, que por diferentes motivos fueron denegadas, y llegaron demasiado tarde, con el ataque de dos F-16 holandeses sobre carros de combate del VRS. Finalmente, el 11 de julio la ciudad cayó en manos serbobosnias. 25.000 civiles, en su mayoría mujeres y niños se dirigieron a la fábrica de baterías de Potočari, el cuartel general de los cascos azules, 5 km al norte de la ciudad, para ponerse bajo la protección de los soldados de la ONU, mientras 15.000 civiles, (hombres y combatientes del ARBiH) trataron de escapar de la amenaza que se cernía sobre ellos, emprendiendo la huida a través de los bosques hacia Tuzla. El mismo día que cayó la ciudad, a las 2:30 PM, los F-16 de la OTAN atacaron algunos tanques del VRS que avanzaban hacia la ciudad. Se planificó también el bombardeo de las posiciones artilleras serbias en torno a la ciudad, pero la operación se canceló debido a la escasa visibilidad. Finalmente, la OTAN canceló todas sus operaciones cuando el VRS amenazó con matar a 55 soldados holandeses que habían tomado como rehenes, así como con bombardear la fábrica de Potočari, donde, además de los miles de civiles, se encontraban los soldados holandeses del UNPROFOR.
Masacre de Srebrenica La masacre
Por la tarde del 11 de julio de 1995, se congregaron aproximadamente de 20 a 25.000 refugiados musulmanes en Potočari. Varios miles habían entrado en el complejo de la ONU, mientras que el resto se desperdigó por las fábricas y los campos vecinos. Aunque la gran mayoría era mujeres, niños, ancianos y lisiados,
63 testigos estimaron que había por lo menos 300 hombres dentro del perímetro del complejo de la ONU, y entre 600 y 900 hombres en la muchedumbre del exterior.
Las condiciones en Potočari eran deplorables. Había escasez de víveres y de agua, y el calor era sofocante. Uno de los oficiales del Dutchbat describió la escena como sigue: Estaban aterrados y se lanzaban contra los soldados, mis soldados, los soldados de la ONU, que intentaban calmarlos. Era una situación caótica.
El 11 de julio, el alto mando del VRS recorrió las calles de la ciudad. Ante una cámara de televisión, Mladić sentenció:
"Aquí estamos, el 11 de julio de 1995, en la Srebrenica serbia, justo antes de un gran día para Serbia. Entregamos esta ciudad a la nación serbia, recordando el levantamiento contra los turcos. Ha llegado el momento de vengarse de los musulmanes".
El día 12 de julio, Mladić se citó en un hotel de Bratunac con el Coronel Thomas Karremans. Allí le reprochó los ataques aéreos de la OTAN y, según los testimonios recogidos en la posterior investigación del Parlamento holandés, frente a un cerdo degollado, Ratko Mladić le dijo a Thomas Karremans: “Esto es lo que os espera a ti y a tus hombres si no obedeces”. El Coronel de los Cascos Azules Thomas Karremans aceptó todas las exigencias serbias, permitiendo incluso que lo fotografiaran bebiendo aguardiente con los serbios. Dicha imagen fue difundida por los propios serbios a todos los medios de comunicación mundiales.
Mladić también visitó el campamento de Potočari, donde tranquilizó a los refugiados y les dijo que iban a ser trasladados en autobuses hacia zona bajo control bosnio. También repartió caramelos entre los niños mientras la televisión serbia grababa el momento.
Separación y asesinato de bosnios en Potočari
Posteriormente, de los 25.000 civiles refugiados, separó a los hombres (más de 1.700) que fueron llevados a Bratunac, Petkovci, Kozluk, Kravica y Orohovac. Allí fueron ejecutados de diversas maneras. El 12 de julio de 1995 los serbios comenzaron una campaña de terror, que aumentó el pánico de los residentes. Los refugiados en el complejo podían ver a soldados de VRS incendiando las casas de Srebrenica y dedicándose al pillaje. Por la tarde, los soldados serbios se cebaron con la muchedumbre. Comenzaron las ejecuciones sumarias de hombres y de mujeres.
En la mañana del 12 de julio, un testigo señaló haber visto una pila de 20 a 30 cuerpos apilados detrás del edificio del transporte en Potočari, junto a un tractor. También dijo que vio a soldados serbios ejecutar a decenas de refugiados musulmanes en el área trasera de la fábrica de zinc, y después cargar sus cuerpos sobre un carro, aunque el número y la naturaleza metódica de los asesinatos atestiguaron que las matanzas en Potočari eran esporádicas.
Esa noche, una ordenanza médica del Dutchbat atestiguó una violación; durante la noche y el día siguientes las historias de violaciones se extendieron entre los refugiados.
Las fuerzas serbias comenzaron a separar a hombres de la población refugiada en Potočari. El pretexto fue buscar criminales de guerra entre los varones en edad militar. Aprovechando que los refugiados musulmanes comenzaban a subir a los autobuses para ser evacuados, los soldados serbios se dedicaron a separar sistemáticamente a los hombres que intentaban subir a bordo. De vez en cuando, detenían y se llevaban también a menores de edad y a ancianos, a los que llevaban a un edificio en Potočari conocido como la “casa blanca”. Como los autobuses se dirigían al norte, hacia territorio musulmán, varios de los viajes fueron interceptados para ser saqueados y llevarse a los hombres que pudiese haber. La tarde del 12 de julio, Franken (Mayor del Dutchbat), atestiguó que había escuchado que ningún hombre llegaría con las mujeres y los niños a su destino en Kladanj.
El 13 de julio de 1995, los soldados holandeses del Dutchbat hallaron pruebas definitivas de que los serbios asesinaban a algunos de los hombres que habían sido separados. Varios de ellos se dirigieron a la parte de atrás de la “casa blanca” siguiendo a dos soldados serbios que llevaban a un prisionero bosnio. Oyeron un disparo y vieron a los dos soldados volver solos. Según testimonio del oficial neerlandés Vaase, oyó tiros de 20 a 40 veces a la hora durante toda la tarde. Cuando los soldados del Dutchbat dijeron al coronel José Kingori, observador militar de Naciones Unidas (UNMO) en el área de Srebrenica, que los serbios estaban llevando hombres a la parte trasera de la "casa blanca" y éstos no aparecían, el propio coronel Kingori fue a investigar. Escuchó tiros conforme se acercaba, pero fue detenido por los soldados serbios antes de que pudiera comprobar lo que realmente ocurría.
Deportación de las mujeres
Los serbios mostraron ante las cámaras de televisión cómo los niños y las mujeres eran puestos en autobuses para ser deportados.
Como demostración del realojo, el comandante en jefe serbio, el general Ratko Mladić, dijo a las mujeres que los hombres tomarían autobuses distintos para reencontrarse con sus familiares más adelante. Sin embargo, cuando las cámaras se marcharon, ejecutaron a los hombres. Más de 60 camiones se los llevaron a los sitios de la ejecución, y algunas de las ejecuciones fueron realizadas durante la noche, bajo luces eléctricas. Las niveladoras industriales arrastraron los cuerpos a las fosas comunes. Algunos fueron enterrados vivos, declaró Jean-Rene Ruez, policía francés que mostró pruebas de la ejecución de los musulmanes ante el tribunal de La Haya en 1996.
Como resultado de negociaciones exhaustivas de la O.N.U con las tropas serbias, se trasladó a las mujeres de Srebrenica al territorio controlado por el Gobierno de Sarajevo (alrededor de 25.000 mujeres, según indicaron los querellantes de ICTY). Algunos autobuses nunca alcanzaron la zona segura. Según el testimonio dado por el superviviente de la masacre Kadir Habibović, éste se ocultó en uno de los primeros autobuses que llevaban a las mujeres y a los niños de la base holandesa en Potočari a Kladanj. Vio por lo menos un vehículo de mujeres bosnias que eran conducidas lejos del territorio controlado por el gobierno bosnio. En su declaración, Habibović dijo que llevaron a los hombres a una posición remota cerca de Rasica Gai por la tarde. Cuando fue seleccionado el primer grupo del camión, saltó del vehículo y cayó por una cuesta próxima; el fuego de los soldados no lo alcanzó y escapó. Llegó a territorio controlado por los bosnios el 20 de agosto de 1995.
Con respecto al juicio posterior, los funcionarios de La Haya han declarado que el progreso del tribunal haciendo frente a las violaciones de los derechos humanos en Srebrenica han surgido gracias a tres factores: el valor de las víctimas y testigos, la tenacidad de los fiscales y los años del trabajo incansable por parte de los grupos de presión. Finalmente los querellantes consiguieron establecer en el juicio que estas violaciones eran enteramente previsibles. Los jueces convinieron entonces que los generales serbios responsables deberían haber predicho que, bajo esas condiciones, las violaciones eran altamente probables, y se concluyó que cualquier violación que ocurriera en Srebrenica era por lo tanto responsabilidad de los comandantes de las fuerzas serbias.
Nombre del archivo: Masacre de Srebrenica
La columna de huidos hacia Tuzla
La huida de 10.000 civiles y 5.000 combatientes de la Armija en dirección a Tuzla fue descubierta por el general Radislav Krstić, mano derecha de Mladic, quien comunicó por radio a sus tropas: Matadlos, no necesitamos a nadie vivo. Esta orden fue interceptada y grabada, y sirvió de prueba en el juicio en el que el Tribunal Penal Internacional lo condenó a 37 años de cárcel. Según testimonio de Hakija Memoljic, ex jefe de policía de Srebrenica: “los serbios llevaban uniformes de la ONU y les gritaban: Ahora estáis seguros. A aquellos que se entregaban los ejecutaban”.
Paralelamente, un número indeterminado de mujeres y niños fueron asesinados. El número exacto seguirá seguramente siendo un misterio, el dato más exacto habla de 8.373 personas. La ONG Madres de Srebrenica ha elaborado un registro de 8.106 desaparecidos. Los testimonios de supervivientes de la masacre son espeluznantes, tal y como se recoge en informes realizados por Médicos Sin Fronteras y otras ONGs presentes en la zona.
Como la situación en Potočari se había tornado insostenible a partir del 11 de julio, se decidió que los hombres sanos que pudieran portar armas, formaran una columna, junto con miembros del Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, con el fin de alcanzar territorio controlado por el gobierno de Sarajevo. Aproximadamente a las 22:00 horas de la tarde del 11 de julio de 1995, el comandante de la división, junto con las autoridades civiles de Srebrenica, tomó la decisión de formar la columna.
Los expedicionarios sospechaban que los matarían si caían en manos serbias en Potočari, y creyeron que tendrían más oportunidades de sobrevivir intentando escapar a través de los bosques en dirección a Tuzla. La columna se formó cerca de las aldeas de Jaglici y de Šušnjari y comenzó a emigrar al norte. Los testigos estimaban que había entre 10.000 y 15.000 hombres en la columna al iniciarse la marcha. Alrededor de 5.000 de los hombres de la columna eran personal militar activo de la 28ª División, aunque no todos los soldados iban armados; también se incorporaron hombres sanos en edad militar, los líderes políticos del enclave, y el personal médico del hospital local.
Un segundo grupo algo más pequeño de refugiados procuraron escapar vía Bratunac o a través del río Drina, vía Bajina Bašta. Según el centro humanitario de la ley en Belgrado, este grupo tenía aproximadamente 700 hombres, aunque las mujeres de la organización de Srebrenica estimaban que aproximadamente 800 hombres habían cruzado el Drina en dirección a Serbia. No se sabe cuántos fueron interceptados y asesinados de este grupo.
Un tercer grupo se dirigió hacia Žepa, posiblemente primero intentando alcanzar Tuzla. El tamaño de ese grupo se desconoce. Además, no todos los nombres de los que alcanzaron realmente Žepa fueron registrados. Las estimaciones por lo tanto varían extensamente, desde 300 a alrededor 850 hombres. Las únicas cifras que se pueden conocer a ciencia cierta son las proporcionadas por un informe que indica que 25 civiles llegaron a Žepa mediado el 16 de julio junto con 82 soldados de la 28ª División. Al parecer, aún existían pequeñas bolsas de resistencia en el enclave anterior. El 13 de julio el VRS dirigido por el general Krstic ordenó entregarse a estos combatientes de la resistencia. No se sabe cuántos de ellos fueron presos después de la operación de “barrido” ordenada por el general Krstic ese día.
El grupo más grande fue el que siguió la ruta en dirección a Tuzla a través de los bosques y de las montañas. El viaje -de 55 km en línea recta- obligaba a cruzar un terreno extremadamente montañoso. Los víveres alcanzaban únicamente para dos días, consistentes en un poco de pan y azúcar, con lo que al tercer día se empezaron a notar los efectos de la falta de alimentos, teniendo muchos de los integrantes de dicha columna que comer hierba para sobrevivir.
Junto a la desnutrición, las altas temperaturas del verano causaron la deshidratación; encontrar fuentes de agua potable o de humedad se convirtió en un problema importante. Las dificultades causadas por el hambre y la sed se vieron aumentadas por la carencia de sueño y el esfuerzo de un terreno tan escarpado.
Pronto, los huidos se empezaron a plantear la opción de entregarse al VRS o bien continuar la marcha, lo que exigiría un inevitable conflicto armado con el VRS.
Como resultado de los constantes ataques del ejército serbio, algunas personas comenzaron a mostrar síntomas de desequilibrio mental. Algunos se lanzaron sobre sus compañeros, matándose entre ellos. Otros se suicidaron.
Muchos de los componentes de la columna estaban agotados incluso antes de empezar la marcha. La gran mayoría del pueblo de Srebrenica que llevó a cabo este peligroso viaje (entre 10.000 y 15.000 personas) fueron reportados como desaparecidos.
Una avanzadilla de reconocimiento compuesta por cuatro guías iba por delante de la columna con una distancia de unos 5 km. Después iba un grupo compuesto por entre 50 y 100 de los mejores soldados de cada brigada, llevando cada uno el mejor equipo disponible; a continuación transitaba la 281ª Brigada. El resto de la columna les seguía a cierta distancia. En la parte posterior iba la más débil y menos fuertemente armada, la Brigada 282. Los mejores eran, por lo tanto, las tropas al frente de la columna, la élite del enclave. Cada brigada asumía la protección de un grupo de refugiados. Muchos civiles se sumaron a las unidades militares espontáneamente durante el viaje.
La evasión de este grupo desde el enclave de Srebrenica y su intento de llegar a Tuzla fue toda una sorpresa para el VRS y causó gran confusión, ya que los serbios esperaban que fueran a Potočari. Milan Gvero, general del VRS describía en una información a la columna como "duros y violentos criminales que no se detendrán ante nada para evitar ser tomados prisioneros y poder escapar a su territorio bosnio". El Cuerpo del Drina y distintas brigadas recibieron la orden de dedicar todos los recursos humanos disponibles para la tarea de encontrar y tomar prisioneros a los hombres de la columna.
Emboscada en la colina de Kamenica
Alrededor de las 8 horas el 12 de julio, mientras la columna cruzaba un camino asfaltado en la zona montañosa cerca de Kamenica, las fuerzas serbias les tendieron una emboscada en una colina empleando armas pesadas. Algunos de los hombres armados respondieron al fuego y el grupo se dispersó. Los supervivientes describen un grupo de al menos 1.000 bosnios que replicaron a corta distancia con armas cortas. Cientos de ellos murieron, al parecer mientras huían del ataque, mientras que otros se dice que se suicidaron para escapar de la captura. La columna se dividió en dos partes: el grupo principal (aproximadamente un tercio) continuó su camino mientras que la parte trasera perdió el contacto y el pánico estalló una vez más.
Muchas personas permanecieron en la zona de Kamenica durante varios días, no pudiendo pasar por la ruta de escape bloqueada por las fuerzas serbias. Miles de bosnios se entregaron o fueron capturados. En muchos casos, se proporcionaron falsas garantías de seguridad a los refugiados por personal militar serbio que portaba uniformes robados de la ONU y por bosnios que habían sido capturados y se les ordenó llamar a sus amigos y familiares que estaban en el bosque. También hay informes de que las fuerzas serbias utilizaron megáfonos instando a los refugiados a rendirse, diciéndoles que serían canjeados por soldados serbios prisioneros de las fuerzas bosnias. Además, hay rumores de que personal del VRS vestido de civil se había infiltrado en la columna de Kamenica.
Masacre de Sandici
Cerca de la aldea de Sandići, en la carretera principal de Bratunac a Konjević Polje, un testigo describe a los serbobosnios obligando a un hombre a llamar a otros bosnios para que bajasen de las montañas. Entre 200 y 300 hombres, incluídos sus hermanos, siguieron sus instrucciones y descendieron para satisfacer al VRS, presumiblemente esperando algún intercambio de prisioneros. El testigo se escondió detrás de un árbol para ver lo que pasaba después. Vio como los hombres estaban alineados en siete filas, cada una de unos cuarenta metros de largo, con las manos detrás de sus cabezas, y fueron pasados por fuego de ametralladora. La Brigada Bratunac descubrió cuatro niños de edades comprendidas entre los 8 y 14 años entre los bosnios, que fueron llevados al cuartel de Bratunac. Allí, uno de ellos aseguró haber visto un gran número de soldados del ARBiH suicidándose y matándose unos a otros, y el Comandante Vidoje Blagojević sugirió que la unidad de prensa del Cuerpo del Drina debía registrar este testimonio en vídeo. El destino de los niños sigue siendo incierto. El VRS también envió a uno de los civiles que se entregó de nuevo hacia la columna: le habían sacado un ojo, cortado las orejas y marcado una cruz en la frente. A un pequeño grupo de mujeres, niños y ancianos que habían formado parte de la columna se les permitió unirse a los autobuses de evacuación de Potočari, entre ellos Alma Delimustafić, una soldado de la 28 Brigada que, vestida de civil, fue puesta en libertad.
Llegada a Tuzla
Sólo unos pocos periodistas estuvieron presentes para presenciar la llegada de la columna a territorio bosnio -después de marzo los acontecimientos hicieron que la mayoría de la atención se dedicase a la acogida de las mujeres y los niños a la base aérea de Tuzla-. Los pocos artículos que aparecieron en la prensa y en la televisión describieron la llegada de "un ejército de fantasmas": hombres vestidos con trapos, completamente agotados y devastados por el hambre. Algunos no tenían más que la ropa interior, otros caminaban con los pies sangrando y envueltos en trapos o plástico, y algunos transportados en camillas improvisadas. Otros llevaban de la mano a niños, muchos todavía visiblemente asustados. Algunos sufrían delirios y alucinaciones como consecuencia de la enorme tensión que habían soportado. La estación médica creada por el ejército de Bosnia y Herzegovina en Međeđa entregó grandes cantidades de tranquilizantes.
Los supervivientes sentían un cierto resentimiento contra la ONU porque no había sido capaz de proteger la "zona segura". La amargura y el resentimiento también fueron dirigidos hacia el 2º Cuerpo del ARBiH; por el que la 28ª División se había sentido abandonada ya en Srebrenica, lo que provocó una serie de graves incidentes que incluyeron tiroteos.
Reacción internacional
La reacción de la comunidad internacional fue en un primer momento, muy tibia. Los principales líderes europeos condenaron la masacre, pero no intervinieron con más tropas para restablecer el enclave seguro decretado por la ONU. El propio Butros Galli reconoció su fracaso el mismo día 12 de julio, cuando de visita diplomática a El Cairo, declaró:
"Es una misión imposible. En las condiciones actuales no disponemos de los medios para cumplir con ella”.
El día 13 de julio, cuando de visita diplomática en El Cairo, fue informado de la masacre. El Consejo de Seguridad de la ONU, ese mismo día se limitó a condenar la masacre y exigir la retirada de los soldados serbios, sin llegar a tomar medidas más coercitivas. En un primer momento, las cancillerías europeas reaccionaron con lentitud, sin conseguir ponerse de acuerdo en las medidas a tomar. Mientras el presidente francés Jacques Chirac era partidario de una mayor intervención armada, Reino Unido o España eran renuentes a tomar claro partido por uno de los bandos.
La difusión de las imágenes de las masacres por los medios de comunicación internacionales generó una fuerte ola de simpatía hacia los bosnios, llevando consigo una mayor implicación de la comunidad internacional en la detención de la guerra. El propio Bill Clinton se mostró favorable quince días después de conocida la masacre a levantar el embargo de armas que pesaba sobre Bosnia.
El suceso tuvo una gran repercusión en Holanda, cuyos cascos azules tenían la misión de proteger la ciudad y se retiraron de la misma. Una comisión parlamentaria investigó el caso señalando en su informe como culpable último al entonces Presidente del Gobierno Wim Kok. Por tal motivo, el gabinete en pleno presentó su dimisión el 18 de abril de 2002.
Juicios
A raíz de los testimonios aparecidos, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictó orden de búsqueda y captura contra Ratko Mladić, así como contra Radovan Karadzic, éste como autor intelectual de la masacre, y que fue detenido el 21 de julio de 2008 en Belgrado. Otros de los detenidos por su relación con los hechos, fueron:
- Ljubisa Beara, coronel del ejército de la República Srpska.
- Vujadin Popovic, jefe de la policía.
- Ljubomir Borovcanin, comandante adjunto de la Policía Especial del Ministerio del Interior serbobosnio.
-Radivoje Miletic y Milan Gvero, oficiales del ejército serbobosnio, que impidieron la llegada de ayuda humanitaria a los civiles.
- Vinko Pandurevic y Drago Nikolic, comandantes de las brigadas que tomaron Srebrenica.
El 10 de junio de 2010, el TPIY hizo público el veredicto sobre los procesados en relación con el genocidio, condenando a cadena perpetua a Ljubisa Beara y Vujadin Popovic, y a penas de entre 5 y 35 años de prisión para los otros cinco encausados.28 El proceso contra Radovan Karadzic, iniciado en octubre de 2009, continuaba su curso cuando se emitió esta sentencia, mientras que el único prófugo relacionado con el caso, Ratko Mladić, fue detenido por la justicia serbia el 26 de mayo de 2011 y actualmente esta siendo juzgado en La Haya.
miércoles, 30 de mayo de 2012
Archivos Desclaficados (Informe Nº: 16). Nombre del archivo: Masacre de Srebrenica (Srebrenica: "Área Segura")
Archivos Desclaficados (Informe Nº: 16). Nombre del archivo: Masacre de Srebrenica (Srebrenica: "Área Segura")
Entre marzo y abril de 1993 varios cientos de bosnios fueron evacuados de la ciudad bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El gobierno bosnio se opuso frontalmente a las evacuaciones, pues veía en ellas una contribución a la limpieza étnica de la zona, en detrimento de la mayoría de población bosnia.
El 16 de abril de 1993, catorce días después de que murieran 56 personas en un bombardeo serbo-bosnio durante una evacuación organizada por el ACNUR, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 819, por la que se declaraba Srebrenica “área segura, libre de ataques y otras acciones hostiles”. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad declaró otras dos zonas seguras: Zepa y Gorazde. El 18 de abril de 1993 el primer contingente de tropas del UNPROFOR (Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas) llegó al enclave de Srebrenica.
Sin embargo, para la protección de dichas zonas seguras no se estableció ningún elemento disuasorio de carácter militar. Si bien el Secretario General de la ONU, Butros Butros-Ghali, había advertido de que serían necesarios 34.000 soldados más para hacer efectiva dicha protección "por la fuerza", la comunidad internacional rehusó aportar tantas tropas y acordó, en su lugar, desplegar 7.500 efectivos. Además, la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) sólo estaba autorizada a usar la fuerza en defensa propia, y no en defensa de los civiles a los que debían proteger. Posteriormente, Kofi Annan declararía que las áreas seguras no eran de hecho zonas protegidas ni refugios temporales según el derecho internacional humanitario, ni zonas seguras que tuvieran sentido desde el punto de vista militar.
Las autoridades serbo-bosnias volvieron a intentar capturar Srebrenica dado que, al estar junto a la frontera serbia y rodeada de territorio serbio, era a la vez estratégicamente importante y vulnerable. El 13 de abril de 1993 los serbobosnios comunicaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que atacarían la ciudad en un periodo de dos días si los habitantes no la habían rendido al expirar el plazo. Los bosnios se negaron a rendirse.
Mientras las fuerzas sitiadas en Srebrenica se desmilitarizaron supervisadas por la ONU, las tropas serbias que les acechaban permanecieron bien armadas y se negaron a cumplir con su parte del acuerdo de desmilitarización de la zona. El ejército de la República Sprska (VRS) se organizó en distritos militares y Srebrenica quedó dentro del territorio asignado al Cuerpo de Ejército del Drina. Entre 1.000 y 2.000 soldados de las brigadas del cuerpo del Drina fueron desplegados alrededor del enclave bosnio. Tres fuerzas serbias fueron equipadas con tanques, vehículos armados, artillería y morteros. En cambio, la unidad del ARBiH que permaneció en el enclave, la 28ª División de Montaña, no estaba ni bien organizada ni bien equipada, carecían de una estructura de mando firme así como de un sistema de comunicaciones efectivo. Algunos de sus miembros portaban viejos rifles de caza o no llevaban armas en absoluto, y muy pocos tenían uniformes.
La cámara del ICTY reunió posteriormente evidencias de la existencia de un plan deliberado por parte de los serbios para impedir la llegada a la zona de los convoys de ayuda internacional. Los productos de primera necesidad como las medicinas, la comida y el combustible se hicieron extremadamente escasos en la ciudad y los bosnios, cercados, se quejaron de constates ataques de las fuerzas serbias. Por su parte, los serbios alegaron que las tropas bosnias estaban utilizando el área segura como base desde la que lanzarían un gran ataque contra el VRS, y que el UNPROFOR no estaba haciendo nada para prevenirlo.
Sin embargo, los serbios no fueron los únicos que incumplieron el acuerdo que declaraba Srebrenica “area segura”. De hecho, desde el principio ambas partes lo violaron. El comandante del ARBiH, general Halilović, declararía posteriormente que tan pronto como firmó la declaración de área segura ordenó a sus hombres que sacaran todas las armas y demás equipamientos militares fuera de la zona convenida, cosa que, según él, hicieron. Sin embargo, también admitió que los helicópteros del ejército bosnio habían violado el espacio aéreo protegido y que él mismo había enviado ocho helicópteros cargados con munición para la 28ª División sitiada en la ciudad. Alegó que en términos morales no veía en ello una agresión al acuerdo, puesto que las tropas en la ciudad estaban pobremente armadas. En términos legales y militares, sin embargo, se trató de una violación.
Principios de 1995, la situación se deteriora
A principios de 1995, cada vez menos convoys de suministros conseguían entrar en la ciudad. El contingente holandés Dutchbat que tomó el relevo de dos compañías canadienses a principios de ese año comprobó cómo la situación empeoraba cada vez más. Incluso ellos contaban con cada vez menos alimentos, medicinas, munición y combustible, por lo que se vieron forzados a patrullar la zona a pie. Además, a algunos de sus integrantes que abandonaron el enclave en el curso de dichas patrullas, fueron retenidos por las tropas serbias, de modo que el número de soldados en Srebrenica cayó de 600 a 400. El teniente coronel Thomas Karremans, que estaba al mando de dichas fuerzas, denunció posteriormente que los serbios también impidieron la llegada al enclave de las municiones del UNPROFOR. En marzo y abril, las tropas holandesas dieron aviso de dos concentraciones de tropas serbias cerca de sus puestos de observación ‘’OP Romeo’’ y ‘’OP Québec’’
En marzo de 1995, Radovan Karadžić, presidente de la Republika Sprska, a pesar de la presión de la comunidad internacional y de sus esfuerzos por instaurar un acuerdo de paz, envió una directriz al VRS acerca de la estrategia a seguir en el enclave de Srebrenica. Dicha directriz, conocida como Directriz 7 indicaba que el VRS debía:
’’Completar la separación física entre Srebrenica y Žepa tan pronto como sea posible, impidiendo incluso la comunicación entre los individuos de ambos enclaves. Crear, mediante operaciones de combate bien planificadas, una situación de inseguridad tal, que no haya esperanza de supervivencia de vida alguna para los habitantes de Srebrenica’’.
Tal como se preveía en este decreto, a mediados de 1995 la situación tanto de los bosnios de Srebrenica como del personal militar allí establecido era catastrófica. En mayo, presuntamente siguiendo órdenes, Naser Orić y su personal abandonaron el enclave en helicóptero hacia Tuzla, dejando la 28ª División bajo el mando de suboficiales. A finales de junio y principios de julio el mando de la 28ª División envió una serie de peticiones urgentes para que fuera reabierto cuanto antes el corredor humanitario a la ciudad. Al no ser atendidas sus peticiones, comenzó en Srebrenica la tragedia del hambre. El viernes 7 de julio, en una de sus últimas comunicaciones, el Mayor al mando de la 28ª División comunicó la muerte de 8 habitantes por hambre.
La toma de la ciudad
Debido a la declaración de enclave seguro por la ONU, más de 60.000 civiles se encontraban refugiados en la ciudad cuando el día 2 de julio de 1995, el general serbobosnio Ratko Mladić decidió atacar Srebrenica. El día 6 de julio, dos columnas del VRS penetraron 4 km en el área segura para detenerse a tan sólo uno de la ciudad. El 8 de julio, un blindado holandés que obstaculizaba el avance fue atacado por los serbios y se retiró. Un grupo de bosnios exigió que el vehículo permaneciese en la zona y les ayudase. Cuando éstos se negaron, un bosnio arrojó una granada de mano contra el vehículo, causando la muerte del soldado Raviv van Rensen.20 Al comprobar la escasa resistencia por parte de las fuerzas bosnias, así como la ausencia de reacción internacional alguna, el presidente Karadžić envió una nueva directriz autorizando la toma de la ciudad por parte del Cuerpo de Ejército del Drina.
Al amanecer del 10 de julio las tropas del Dutchbat hicieron disparos de advertencia por encima de las tropas serbias, y lanzaron bengalas con morteros, pero nunca abrieron fuego directo contra ellos. El Teniente-Coronel Thomas Karremans hizo peticiones urgentes de apoyo aéreo a la OTAN, que por diferentes motivos fueron denegadas, y llegaron demasiado tarde, con el ataque de dos F-16 holandeses sobre carros de combate del VRS. Finalmente, el 11 de julio la ciudad cayó en manos serbobosnias. 25.000 civiles, en su mayoría mujeres y niños se dirigieron a la fábrica de baterías de Potočari, el cuartel general de los cascos azules, 5 km al norte de la ciudad, para ponerse bajo la protección de los soldados de la ONU, mientras 15.000 civiles, (hombres y combatientes del ARBiH) trataron de escapar de la amenaza que se cernía sobre ellos, emprendiendo la huida a través de los bosques hacia Tuzla. El mismo día que cayó la ciudad, a las 2:30 PM, los F-16 de la OTAN atacaron algunos tanques del VRS que avanzaban hacia la ciudad. Se planificó también el bombardeo de las posiciones artilleras serbias en torno a la ciudad, pero la operación se canceló debido a la escasa visibilidad. Finalmente, la OTAN canceló todas sus operaciones cuando el VRS amenazó con matar a 55 soldados holandeses que habían tomado como rehenes, así como con bombardear la fábrica de Potočari, donde, además de los miles de civiles, se encontraban los soldados holandeses del UNPROFOR.
lunes, 28 de mayo de 2012
Masacre de Srebrenica Lugar: Bosnia-Herzegovina
Masacre de Srebrenica Lugar: Bosnia-Herzegovina
Archivos Desclaficados Informe Nº: 16 Nombre del archivo: Masacre de Srebrenica Lugar: Bosnia-Herzegovina Fecha: 13 al 22 de julio de 1995 Cargos: Genocidio. Victimas: Aproximadamente unas 8.000 personas6 de etnia bosnia.
Imputados: Unidades del Ejército de la República Srpska, el VRS, bajo el mando del general Ratko Mladić, así como un grupo paramilitar serbio conocido como “Los Escorpiones”.
Antecedentes
La Masacre de Srebrenica, también conocida como Genocidio de Srebrenica consistió en el asesinato de aproximadamente unas 8.000 personas de etnia bosnia en la región de Srebrenica, en julio de 1995, durante la Guerra de Bosnia. Dicho asesinato masivo, llevado a cabo por unidades del Ejército de la República Srpska, el VRS, bajo el mando del general Ratko Mladić, así como por un grupo paramilitar serbio conocido como “Los Escorpiones”, se produjo en una zona previamente declarada como "segura" por las Naciones Unidas ya que en ese momento se encontraba bajo la supuesta protección de 400 cascos azules holandeses. Aunque se buscó especialmente la eliminación de los varones musulmanes bosnios, la masacre incluyó el asesinato de niños, adolescentes, mujeres y ancianos, con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la ciudad. Tras los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra, Srebrenica quedó ubicada en la subdivisión del país denominada República Srpska, que agrupa al 90% de los serbios de Bosnia.
En su sentencia condenatoria al general serbo-bosnio Radislav Krstić, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY), calificó los acontecimientos de Srebrenica como un acto de genocidio, ya que este hecho constituye el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Theodor Meron, el juez que presidió la Cámara declaró que:
“Buscando eliminar a una parte de la población bosnia musulmana, las fuerzas serbo-bosnias cometieron genocidio. Seleccionaron para su extinción a cuarenta mil bosnios musulmanes que vivían en Srebrenica, un grupo particularmente emblemático entre los bosnios musulmanes en general. Despojaron a todos los varones prisioneros, tanto militares como civiles, jóvenes como mayores, de sus pertenencias e identificaciones; y deliberada y metódicamente los eliminaron, únicamente en razón su identidad”.
Posteriormente, el Tribunal Internacional de Justicia ratificó la sentencia del ICTY y, del mismo modo, calificó los hechos como genocidio. La lista de las personas asesinadas o desaparecidas elaborada por la Comisión Federal de Personas Desaparecidas incluye 8.373 nombres.
Los dos máximos responsables del genocidio fueron finalmente capturados por el gobierno de Serbia, tras años de presión de la comunidad internacional: el Presidente de la República Srpska, Radovan Karadžić, el 21 de julio de 2008; y el Comandante en Jefe del ejército serbobosnio, Ratko Mladić, el 26 de mayo de 2011
Archivos Desclaficados Informe Nº: 16 Nombre del archivo: Masacre de Srebrenica Lugar: Bosnia-Herzegovina Fecha: 13 al 22 de julio de 1995 Cargos: Genocidio. Victimas: Aproximadamente unas 8.000 personas6 de etnia bosnia.
Imputados: Unidades del Ejército de la República Srpska, el VRS, bajo el mando del general Ratko Mladić, así como un grupo paramilitar serbio conocido como “Los Escorpiones”.
Antecedentes
La Masacre de Srebrenica, también conocida como Genocidio de Srebrenica consistió en el asesinato de aproximadamente unas 8.000 personas de etnia bosnia en la región de Srebrenica, en julio de 1995, durante la Guerra de Bosnia. Dicho asesinato masivo, llevado a cabo por unidades del Ejército de la República Srpska, el VRS, bajo el mando del general Ratko Mladić, así como por un grupo paramilitar serbio conocido como “Los Escorpiones”, se produjo en una zona previamente declarada como "segura" por las Naciones Unidas ya que en ese momento se encontraba bajo la supuesta protección de 400 cascos azules holandeses. Aunque se buscó especialmente la eliminación de los varones musulmanes bosnios, la masacre incluyó el asesinato de niños, adolescentes, mujeres y ancianos, con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la ciudad. Tras los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra, Srebrenica quedó ubicada en la subdivisión del país denominada República Srpska, que agrupa al 90% de los serbios de Bosnia.
En su sentencia condenatoria al general serbo-bosnio Radislav Krstić, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY), calificó los acontecimientos de Srebrenica como un acto de genocidio, ya que este hecho constituye el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Theodor Meron, el juez que presidió la Cámara declaró que:
“Buscando eliminar a una parte de la población bosnia musulmana, las fuerzas serbo-bosnias cometieron genocidio. Seleccionaron para su extinción a cuarenta mil bosnios musulmanes que vivían en Srebrenica, un grupo particularmente emblemático entre los bosnios musulmanes en general. Despojaron a todos los varones prisioneros, tanto militares como civiles, jóvenes como mayores, de sus pertenencias e identificaciones; y deliberada y metódicamente los eliminaron, únicamente en razón su identidad”.
Posteriormente, el Tribunal Internacional de Justicia ratificó la sentencia del ICTY y, del mismo modo, calificó los hechos como genocidio. La lista de las personas asesinadas o desaparecidas elaborada por la Comisión Federal de Personas Desaparecidas incluye 8.373 nombres.
Los dos máximos responsables del genocidio fueron finalmente capturados por el gobierno de Serbia, tras años de presión de la comunidad internacional: el Presidente de la República Srpska, Radovan Karadžić, el 21 de julio de 2008; y el Comandante en Jefe del ejército serbobosnio, Ratko Mladić, el 26 de mayo de 2011
jueves, 24 de mayo de 2012
miércoles, 23 de mayo de 2012
PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (2ª parte)
Informe Nº: 15
Nombre del archivo: Persecución religiosa durante la Guerra Civil Española
La Guerra Civil
Represión en el bando republicano
El colapso del sistema legal republicano y de poder estatal en los días siguientes a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, junto a la decisión tomada de facilitar armamento a los civiles, facilitaron el estallido de la revolución popular durante la cual milicias y tribunales revolucionarios se hicieron rápidamente con el control de las ciudades, pueblos y aldeas de la zona republicana en sustitución del Gobierno, que no pudo reaccionar y recuperar la autoridad hasta varios meses más tarde.
La Revolución fue acompañada en los primeros meses por una escalada de terror anticlerical que sólo entre el 18 y el 31 de julio, causó la muerte a 839 religiosos, prosiguiendo durante el mes de agosto con otras 2.055 víctimas, incluyendo a 10 de los 13 obispos asesinados en el total de la guerra, es decir, un 42% del total de víctimas registradas. Los efectos de esta violencia, dirigida no solo contra la Iglesia, sino contra todos aquellos que se consideraban identificados con la sublevación o, simplemente, enemigos de clase, corrieron en paralelo con la que se ejerció en el mismo período en la zona de control de los sublevados, con casi el 80% de los 7.000 civiles asesinados en Zaragoza y el 70% de los 3.000 de Navarra en toda la contienda, víctimas durante el año 1936.
Los asesinatos de religiosos y la destrucción de edificios de culto sucedieron inmediatamente a las noticia de la insurrección sin que en ocasiones quedara claro que bando se haría con el control definitivo de la localidad. Así, el 20 de julio murieron frailes carmelitas en Barcelona, en medio del enfrentamiento entre un regimiento del Ejercito, que se hallaba atrincherado en el convento, con la milicias revolucionarias y las fuerzas de orden público leales a la República, mientras que en Sevilla las iglesias ardían la misma tarde del 18 de julio resultando muertos el párroco de la barriada obrera de San Jerónimo y un salesiano vestido de civil, cuyo cadáver fue arrojado a la iglesia en llamas de San Marcos.
La mayoría de las víctimas asesinadas fueron parte del clero masculino y por fusilamiento en los llamados paseos, nombre eufemístico con el que se conoció al procedimiento y aplicación arbitraria del asesinato político, sin ningún tipo de juicio o tribunal previo. A imagen de otros numerosos episodios de brutalidad en ambos bandos, hubo casos en que las víctimas sufrieron torturas y otros abusos antes de morir, como los casos de Carmen García Moyón, muerta tras ser quemada viva en Torrente el 30 de enero de 1937, Plácido García Gilabert, muerto tras sufrir mutilaciones el 16 de agosto de 1936 o Carlos Díaz, enterrado aún con vida en el cementerio de Agullent, siendo poco más tarde fusilado.
Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria durante el verano de 1936 aconteció en la diócesis de Barbastro, la de mayor mortandad del país entre sus miembros incardinados pues se causó la muerte a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros, incluyendo a su obispo, además de 51 frailes claretianos, 18 benedictinos y 9 escolapios, pero en la que no sufrió la misma suerte ninguna de las religiosas. En otras diócesis la proporción de religiosos asesinados alcanzó cifras considerables, como la de Lérida con el 66% de miembros ejecutados, Tortosa el 62%, Málaga al 48%, Menorca el 49%, Segorbe el 55% o la de Toledo, que perdió al 48% de los religiosos. En las grandes ciudades, los porcentajes relativos son inferiores, pero superan a muchas otras en términos absolutos: Madrid, con 334 sacerdotes fusilados, perdió al 30% de su comunidad religiosa, Barcelona al 22% con 279 muertos y Valencia al 27%, con 327 víctimas.
Tras el sangriento mes de agosto del 1936, diversos dirigentes del bando republicano realizaron declaraciones justificando la violencia anticlerical desde la perspectiva política, considerando que la Iglesia se había posicionado ella misma, por su apoyo al bando sublevado, como parte beligerante de la contienda y por lo tanto, enemigo de la República. Aunque visibles desde los primeros días de la guerra en algunas unidades de combate como las de Navarra, donde muchos religiosos se habían integrado en las unidades de requetés para acompañar a los combatientes, como recuerda un testigo, los casos en la que los religiosos empuñaron armas fueron escasos y en circunstancias poco claras, como recuerda el hispanista Ranzato, pues según él, solo se ha podido confirmar un único episodio en los una iglesia participó en los combates armados, el caso de las Carmelitas de la Diagonal de Barcelona.
La violencia en contra de la Iglesia Católica era asumida por los líderes obreros. Así, el líder del POUM, Andrés Nin, en un mitin llevado a cabo el 1 de agosto de 193629 proclamó que la "cuestión religiosa", a diferencia de la ineficaz legislación republicana "burguesa", había sido "resuelta" gracias a la acción revolucionaria de la clase obrera:
“La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una siquiera [iglesias] (...) hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto”.
Andrés Nin, La Vanguardia, 2/08/36. Biblioteca de La Vanguardia
Por su parte, en un artículo de opinión en Solidaridad Obrera, el órgano de expresión de la CNT, del 15 de agosto de 1936, se comentaba los planes por moderar la revolución en algunos aspectos a excepción del conflicto con la Iglesia, ilustrando la intransigencia anticlerical de parte del movimiento revolucionario:
“Los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las antorchas del pueblo las han pulverizado (...) Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados”.
Solidaridad Obrera, 15/08/3631
A partir de 1937, con la llegada a la presidencia del Consejo de Ministros de Largo Caballero y la formación de un Gobierno de unidad (el denominado Gobierno de la Victoria) que incorporó a un católico, representante del Partido Nacionalista Vasco, Manuel de Irujo, y ante la presión de la opinión pública internacional, se impuso paulatinamente el control gubernamental y los episodios de represión, de todo tipo, se hicieron más esporádicos y localizados, si bien asesinatos de sacerdotes, religiosos y laicos católicos continuaron teniendo lugar hasta el final de la guerra, con un breve repunte de violencia simultáneo a la retirada del Ejército Popular del frente de Cataluña hacia la frontera hispano-francesa en el que resultaron muertos, entre otros elementos relevantes identificados con el bando franquista, el obispo de Teruel, Anselmo Polanco y Felipe Ripoll, vicario general de la misma diócesis, que fueron ejecutados el 7 de febrero de 1939 en Pont de Molins.
Irujo, que fue ministro sin cartera de septiembre de 1936 a mayo de 1937 en los dos Gobiernos de Largo Caballero, y ministro de Justicia en de Negrín el 18 de mayo de 1937, fue el encargado del memorándum sobre la persecución religiosa presentado al Consejo de Ministros en el que se daba cuenta de la magnitud de lo acontecido:
“La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo -los organismos oficiales los han ocupado en su edificación obras de carácter permanente. f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda”.
Los planteamientos de Irujo comenzaron a dar sus frutos tímidamente cuando entró como titular de Justicia en el Gobierno de Negrín, al proponer el restablecimiento, aunque de manera restringida, del culto católico y el retorno de los obispos catalanes. Pero las medidas llegaron demasiado tarde y así, el mismo vicario de Barcelona se negó a exponer el culto público, como tampoco aceptó el retorno del arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer, quien había sido salvado por la Generalidad de las milicias anarquistas y se había negado a firmar la Carta colectiva del Episcopado Español, ni el Vaticano el envío de un legado a la Cataluña republicana.
La presión de la opinión pública internacional, en cuya concienciación tuvo influencia dicha Carta, redactada por Gomá en febrero de 1937, se manifestó por las protestas de organizaciones y de representantes diplomáticos. Destacó la actuación del embajador de Francia, Erik Labonne, protestante practicante y favorable a la causa republicana, quien el 16 de febrero de 1938 envió un extenso informe a su ministro de Asuntos Exteriores donde se atestigua el descrédito sufrido por el bando republicano como resultado de la violencia religiosa:
“¡Qué espectáculo!... desde hace cerca de dos años y después de afrentosas masacres en masa de miembros del clero, las iglesias siguen devastadas, vacías, abiertas a todos los vientos. Ningún cuidado, ningún culto. Nadie se atreve a aproximarse a ellas. En medio de calles bulliciosas o de parajes desiertos, los edificios religiosos parecen lugares pestíferos. Temor, desprecio o indiferencia, las miradas se desvían. Las casas de Cristo y sus heridas permanecen como símbolos permanentes de la venganza y del odio. En las calles, ningún hábito religioso, ningún servidor de la Iglesia, ni secular ni regular. Todos los conventos han sufrido la misma suerte. Monjes, hermanas, frailes, todos han desaparecido. Muchos murieron de muerte violenta. Muchos pudieron pasar a Francia gracias a los meritorios esfuerzos de nuestros cónsules, puerto de gracia y aspiración de refugio para tantos españoles desde los primeros días de la tormenta. Por decreto de los hombres, la religión ha dejado de existir. Toda vida religiosa se ha extinguido bajo la capa de la opresión del silencio. A todo lo largo de las declaraciones gubernamentales, ni una palabra; en la prensa, ni una línea. Sin embargo, la España republicana se dice democrática. Sus aspiraciones, sus preocupaciones políticas esenciales, la empujan hacia las naciones democráticas de Occidente. Su Gobierno desea sinceramente, así lo proclama, ganar la audiencia del mundo, hacer evolucionar a España según sus principios y siguiendo sus vías. Como ellas, se declara partidario de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión. Hace mucho tiempo ha aceptado el ejercicio del culto protestante y del culto israelita. Pero permanece mudo hacia el catolicismo y no lo tolera en absoluto. Para él el catolicismo no merece ni la libre conciencia, ni el libre ejercicio del culto. El contraste es tan flagrante que despierta dudas sobre su sinceridad, que arrastra el descrédito sobre todas sus restantes declaraciones y hasta sobre sus verdaderos sentimientos. Sus enemigos parecen tener derecho a acusarle de duplicidad o de impotencia. Como su interés, como infinitas ventajas le llevarían con toda evidencia a volverse hacia la Iglesia, se le acusa sobre todo de impotencia. A pesar de sus denegaciones, a pesar de todas las pruebas aducidas de su independencia y de su autonomía, se le cree ligado a las fuerzas extremistas, a los ateísmos militantes, a las ideologías extranjeras. Si fuera verdaderamente libre, se dice, si su inspiración e influencias procedieran efectivamente de Inglaterra o de Francia, ¿cómo ese Gobierno no ha atemperado el rigor de sus exclusivismos, olvidando su venganza, y reniega de su ideología?”
Represión en el bando franquista
Si la inmensa mayoría de las muertes fueron causadas por acción de partidarios del bando republicano, en el otoño de 1936 tras la toma de control, por parte de las tropas del general Mola, de la práctica totalidad de Guipúzcoa, tampoco pudieron escapar de la represión 16 sacerdotes, 13 diocesanos y 3 religiosos miembros de la Iglesia Católica considerados hostiles por el bando sublevado en el País Vasco, donde mientras se había mantenido el control por parte del gobierno leal a la República, no se produjeron episodios masivos de violencia contra las personas o los bienes eclesiásticos como en el resto del territorio republicano.
Martín de Lekuona y Gervasio de Albizu, vicarios en la parroquia guipuzcoana de Rentería fueron fusilados el 8 de octubre de 1936. A estos les siguieron el cura y escritor José de Ariztimuño "Aitzol", Alejandro de Mendikute y José Adarraga, ejecutados en Hernani el 17 de octubre de 1936. El 24 de octubre fueron fusilados José Iturri Castillo, párroco de Marín, así como a los también sacerdotes Aniceto de Eguren, José de Markiegi, Leonardo de Guridi y José Sagarna, mientras que en el cementerio de Oyarzun fue muerto el arcipreste de Mondragón, José de Arin. El 27 de octubre fue muerto el vicario de Marquina y al día siguiente, el cura auxiliar de Elgóibar. En el mismo mes se acabó con la vida de los padres Lupo, Otano y Román, del convento de los carmelitas de Amorebieta.
El embajador de Estados Unidos en España durante la guerra civil, Claude Bowers, se refirió a aquellos hechos en los siguientes términos:
“...esta lealtad de los católicos vascos a la democracia ponía en un aprieto a los propagandistas que insistían en que los moros y los nazis estaban luchando para salvar a la religión cristiana del comunismo”.
Claude Bowers, Misión en España: en el umbral de la Segunda Guerra Mundial 1933-1939, cap. El martirio de los vascos. Ed. Exito, 1978, ISBN 84-253-9223-3
Isidro Gomá fue informado de los casos el 26 de octubre por una nota del presidente de la Junta de Acción Católica de San Sebastián y tras reunirse con Franco, envió una nota el 8 de noviembre a la Santa Sede en la que daba parte de que lo ocurrido se había producido "por abuso de autoridad por parte de un subalterno" y de la promesa de Franco de que "no ocurrirá fusilamiento alguno de sacerdotes sin que se observen juntamente con las leyes militares las disposiciones de la Iglesia". Sin embargo, la opinión pública no supo del posicionamiento de Gomá y el 22 de diciembre, el lehendakari José Antonio Aguirre en una alocución para Radio Bilbao denunció además del asesinato, la persecución y destierro de sacerdotes por "ser amantes del pueblo vasco", intervención que fue replicada desde Pamplona el 13 de enero de 1937 por el cardenal en su Carta abierta al Sr. Aguirre negando los motivos expuestos por Aguirre, y explicando que dichos religiosos fueron fusilados "por haberse apeado del plano de santidad en el que tenían que haber permanecido". La posición oficial de la Iglesia Católica española y de autores afines insisten en afirmar la diferenciación, por motivos políticos "asociados al separatismo vasco",36 de éstas víctimas.
Otros episodios de violencia en contra de religiosos vascos por el bando sublevado acontecieron en el bombardeo indiscriminado de Durango, el 31 de marzo de 1937, en el que resultaron muertos 14 monjas y dos sacerdotes, entre ellos el padre Morilla que falleció mientras oficiaba una misa. De mayor impacto en la opinión pública católica internacional resultó el bombardeo de Guernica, pocos días después, el 26 de abril, del que fue testigo el sacerdote Alberto Ondaindía. Tras estos acontecimientos, las protestas de los medios en el extranjero se hicieron notar y así el filósofo convertido al catolicismo Jacques Maritain declaró:
“...si creen que han de matar, en nombre del orden social o de la nación, lo cual ya es bastante horrible, pero que no maten en nombre del Cristo Rey, que no es un jefe guerrero, sino un rey del perdón y de la caridad”.
Jacques Maritain en "El mito de la Cruzada de Franco" de Herbert R. Southworth, citado por (Casanova 2005; 164)
La reacción de Gomá y Franco ante la creciente polémica generada en el seno del catolicismo internacional fue la de preparar la Carta colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España, firmada el 1 de julio de 1937, por la que se confirmó el apoyo definitivo de la jerarquía de la Iglesia española al bando franquista. Suscrita por 43 obispos y 5 vicarios capitulares, no contó sin embargo con la firma ni del obispo de Vitoria Mateo Múgica, quien alegó a las circunstancias de su exilio para no rubricarla, ni del arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer. Impresa en francés, italiano e inglés, declaraba a la opinión pública internacional que siendo la Iglesia española "víctima inocente, pacífica, indefensa" de la guerra, apoyaba la causa del bando garante de "los principios fundamentales de las sociedad" antes "de perecer totalmente en manos del comunismo" que había provocado la revolución "antiespañola" y "anticristiana" y que llevaba "asesinados a más de 300.000 seglares"
Otros actos de represión contra religiosos que acontecieron en territorio bajo control franquista y que cayeron en el olvido, han sido investigados desde los años noventa. En Mallorca fue ejecutado el 7 de junio de 1937, tras consejo de guerra, Jeroni Alomar Poquet, sacerdote acusado por los franquistas de utilizar un radiotransmisor para comunicarse con sus enemigos y abandonado por la jerarquía eclesiástica de la isla, que justificó su asesinato al considerarlo "díscolo" e "izquierdista". En Galicia, Andrés Ares Díaz, párroco de Val do Xestoso fue asesinado por falangistas el 3 de octubre de 1936, acusado de ofrecer el dinero de una colecta al Socorro Rojo.
El profesor Antonio Aramayona por su parte, destaca el caso de José Pascual Duaso, cura de Loscorrales, fusilado según el autor, por "comunista" al distribuir la leche de su vaca entre los necesitados del lugar.
Finaliza mañana
Nombre del archivo: Persecución religiosa durante la Guerra Civil Española
La Guerra Civil
Represión en el bando republicano
El colapso del sistema legal republicano y de poder estatal en los días siguientes a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, junto a la decisión tomada de facilitar armamento a los civiles, facilitaron el estallido de la revolución popular durante la cual milicias y tribunales revolucionarios se hicieron rápidamente con el control de las ciudades, pueblos y aldeas de la zona republicana en sustitución del Gobierno, que no pudo reaccionar y recuperar la autoridad hasta varios meses más tarde.
La Revolución fue acompañada en los primeros meses por una escalada de terror anticlerical que sólo entre el 18 y el 31 de julio, causó la muerte a 839 religiosos, prosiguiendo durante el mes de agosto con otras 2.055 víctimas, incluyendo a 10 de los 13 obispos asesinados en el total de la guerra, es decir, un 42% del total de víctimas registradas. Los efectos de esta violencia, dirigida no solo contra la Iglesia, sino contra todos aquellos que se consideraban identificados con la sublevación o, simplemente, enemigos de clase, corrieron en paralelo con la que se ejerció en el mismo período en la zona de control de los sublevados, con casi el 80% de los 7.000 civiles asesinados en Zaragoza y el 70% de los 3.000 de Navarra en toda la contienda, víctimas durante el año 1936.
Los asesinatos de religiosos y la destrucción de edificios de culto sucedieron inmediatamente a las noticia de la insurrección sin que en ocasiones quedara claro que bando se haría con el control definitivo de la localidad. Así, el 20 de julio murieron frailes carmelitas en Barcelona, en medio del enfrentamiento entre un regimiento del Ejercito, que se hallaba atrincherado en el convento, con la milicias revolucionarias y las fuerzas de orden público leales a la República, mientras que en Sevilla las iglesias ardían la misma tarde del 18 de julio resultando muertos el párroco de la barriada obrera de San Jerónimo y un salesiano vestido de civil, cuyo cadáver fue arrojado a la iglesia en llamas de San Marcos.
La mayoría de las víctimas asesinadas fueron parte del clero masculino y por fusilamiento en los llamados paseos, nombre eufemístico con el que se conoció al procedimiento y aplicación arbitraria del asesinato político, sin ningún tipo de juicio o tribunal previo. A imagen de otros numerosos episodios de brutalidad en ambos bandos, hubo casos en que las víctimas sufrieron torturas y otros abusos antes de morir, como los casos de Carmen García Moyón, muerta tras ser quemada viva en Torrente el 30 de enero de 1937, Plácido García Gilabert, muerto tras sufrir mutilaciones el 16 de agosto de 1936 o Carlos Díaz, enterrado aún con vida en el cementerio de Agullent, siendo poco más tarde fusilado.
Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria durante el verano de 1936 aconteció en la diócesis de Barbastro, la de mayor mortandad del país entre sus miembros incardinados pues se causó la muerte a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros, incluyendo a su obispo, además de 51 frailes claretianos, 18 benedictinos y 9 escolapios, pero en la que no sufrió la misma suerte ninguna de las religiosas. En otras diócesis la proporción de religiosos asesinados alcanzó cifras considerables, como la de Lérida con el 66% de miembros ejecutados, Tortosa el 62%, Málaga al 48%, Menorca el 49%, Segorbe el 55% o la de Toledo, que perdió al 48% de los religiosos. En las grandes ciudades, los porcentajes relativos son inferiores, pero superan a muchas otras en términos absolutos: Madrid, con 334 sacerdotes fusilados, perdió al 30% de su comunidad religiosa, Barcelona al 22% con 279 muertos y Valencia al 27%, con 327 víctimas.
Tras el sangriento mes de agosto del 1936, diversos dirigentes del bando republicano realizaron declaraciones justificando la violencia anticlerical desde la perspectiva política, considerando que la Iglesia se había posicionado ella misma, por su apoyo al bando sublevado, como parte beligerante de la contienda y por lo tanto, enemigo de la República. Aunque visibles desde los primeros días de la guerra en algunas unidades de combate como las de Navarra, donde muchos religiosos se habían integrado en las unidades de requetés para acompañar a los combatientes, como recuerda un testigo, los casos en la que los religiosos empuñaron armas fueron escasos y en circunstancias poco claras, como recuerda el hispanista Ranzato, pues según él, solo se ha podido confirmar un único episodio en los una iglesia participó en los combates armados, el caso de las Carmelitas de la Diagonal de Barcelona.
La violencia en contra de la Iglesia Católica era asumida por los líderes obreros. Así, el líder del POUM, Andrés Nin, en un mitin llevado a cabo el 1 de agosto de 193629 proclamó que la "cuestión religiosa", a diferencia de la ineficaz legislación republicana "burguesa", había sido "resuelta" gracias a la acción revolucionaria de la clase obrera:
“La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una siquiera [iglesias] (...) hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto”.
Andrés Nin, La Vanguardia, 2/08/36. Biblioteca de La Vanguardia
Por su parte, en un artículo de opinión en Solidaridad Obrera, el órgano de expresión de la CNT, del 15 de agosto de 1936, se comentaba los planes por moderar la revolución en algunos aspectos a excepción del conflicto con la Iglesia, ilustrando la intransigencia anticlerical de parte del movimiento revolucionario:
“Los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las antorchas del pueblo las han pulverizado (...) Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados”.
Solidaridad Obrera, 15/08/3631
A partir de 1937, con la llegada a la presidencia del Consejo de Ministros de Largo Caballero y la formación de un Gobierno de unidad (el denominado Gobierno de la Victoria) que incorporó a un católico, representante del Partido Nacionalista Vasco, Manuel de Irujo, y ante la presión de la opinión pública internacional, se impuso paulatinamente el control gubernamental y los episodios de represión, de todo tipo, se hicieron más esporádicos y localizados, si bien asesinatos de sacerdotes, religiosos y laicos católicos continuaron teniendo lugar hasta el final de la guerra, con un breve repunte de violencia simultáneo a la retirada del Ejército Popular del frente de Cataluña hacia la frontera hispano-francesa en el que resultaron muertos, entre otros elementos relevantes identificados con el bando franquista, el obispo de Teruel, Anselmo Polanco y Felipe Ripoll, vicario general de la misma diócesis, que fueron ejecutados el 7 de febrero de 1939 en Pont de Molins.
Irujo, que fue ministro sin cartera de septiembre de 1936 a mayo de 1937 en los dos Gobiernos de Largo Caballero, y ministro de Justicia en de Negrín el 18 de mayo de 1937, fue el encargado del memorándum sobre la persecución religiosa presentado al Consejo de Ministros en el que se daba cuenta de la magnitud de lo acontecido:
“La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo -los organismos oficiales los han ocupado en su edificación obras de carácter permanente. f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda”.
Los planteamientos de Irujo comenzaron a dar sus frutos tímidamente cuando entró como titular de Justicia en el Gobierno de Negrín, al proponer el restablecimiento, aunque de manera restringida, del culto católico y el retorno de los obispos catalanes. Pero las medidas llegaron demasiado tarde y así, el mismo vicario de Barcelona se negó a exponer el culto público, como tampoco aceptó el retorno del arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer, quien había sido salvado por la Generalidad de las milicias anarquistas y se había negado a firmar la Carta colectiva del Episcopado Español, ni el Vaticano el envío de un legado a la Cataluña republicana.
La presión de la opinión pública internacional, en cuya concienciación tuvo influencia dicha Carta, redactada por Gomá en febrero de 1937, se manifestó por las protestas de organizaciones y de representantes diplomáticos. Destacó la actuación del embajador de Francia, Erik Labonne, protestante practicante y favorable a la causa republicana, quien el 16 de febrero de 1938 envió un extenso informe a su ministro de Asuntos Exteriores donde se atestigua el descrédito sufrido por el bando republicano como resultado de la violencia religiosa:
“¡Qué espectáculo!... desde hace cerca de dos años y después de afrentosas masacres en masa de miembros del clero, las iglesias siguen devastadas, vacías, abiertas a todos los vientos. Ningún cuidado, ningún culto. Nadie se atreve a aproximarse a ellas. En medio de calles bulliciosas o de parajes desiertos, los edificios religiosos parecen lugares pestíferos. Temor, desprecio o indiferencia, las miradas se desvían. Las casas de Cristo y sus heridas permanecen como símbolos permanentes de la venganza y del odio. En las calles, ningún hábito religioso, ningún servidor de la Iglesia, ni secular ni regular. Todos los conventos han sufrido la misma suerte. Monjes, hermanas, frailes, todos han desaparecido. Muchos murieron de muerte violenta. Muchos pudieron pasar a Francia gracias a los meritorios esfuerzos de nuestros cónsules, puerto de gracia y aspiración de refugio para tantos españoles desde los primeros días de la tormenta. Por decreto de los hombres, la religión ha dejado de existir. Toda vida religiosa se ha extinguido bajo la capa de la opresión del silencio. A todo lo largo de las declaraciones gubernamentales, ni una palabra; en la prensa, ni una línea. Sin embargo, la España republicana se dice democrática. Sus aspiraciones, sus preocupaciones políticas esenciales, la empujan hacia las naciones democráticas de Occidente. Su Gobierno desea sinceramente, así lo proclama, ganar la audiencia del mundo, hacer evolucionar a España según sus principios y siguiendo sus vías. Como ellas, se declara partidario de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión. Hace mucho tiempo ha aceptado el ejercicio del culto protestante y del culto israelita. Pero permanece mudo hacia el catolicismo y no lo tolera en absoluto. Para él el catolicismo no merece ni la libre conciencia, ni el libre ejercicio del culto. El contraste es tan flagrante que despierta dudas sobre su sinceridad, que arrastra el descrédito sobre todas sus restantes declaraciones y hasta sobre sus verdaderos sentimientos. Sus enemigos parecen tener derecho a acusarle de duplicidad o de impotencia. Como su interés, como infinitas ventajas le llevarían con toda evidencia a volverse hacia la Iglesia, se le acusa sobre todo de impotencia. A pesar de sus denegaciones, a pesar de todas las pruebas aducidas de su independencia y de su autonomía, se le cree ligado a las fuerzas extremistas, a los ateísmos militantes, a las ideologías extranjeras. Si fuera verdaderamente libre, se dice, si su inspiración e influencias procedieran efectivamente de Inglaterra o de Francia, ¿cómo ese Gobierno no ha atemperado el rigor de sus exclusivismos, olvidando su venganza, y reniega de su ideología?”
Represión en el bando franquista
Si la inmensa mayoría de las muertes fueron causadas por acción de partidarios del bando republicano, en el otoño de 1936 tras la toma de control, por parte de las tropas del general Mola, de la práctica totalidad de Guipúzcoa, tampoco pudieron escapar de la represión 16 sacerdotes, 13 diocesanos y 3 religiosos miembros de la Iglesia Católica considerados hostiles por el bando sublevado en el País Vasco, donde mientras se había mantenido el control por parte del gobierno leal a la República, no se produjeron episodios masivos de violencia contra las personas o los bienes eclesiásticos como en el resto del territorio republicano.
Martín de Lekuona y Gervasio de Albizu, vicarios en la parroquia guipuzcoana de Rentería fueron fusilados el 8 de octubre de 1936. A estos les siguieron el cura y escritor José de Ariztimuño "Aitzol", Alejandro de Mendikute y José Adarraga, ejecutados en Hernani el 17 de octubre de 1936. El 24 de octubre fueron fusilados José Iturri Castillo, párroco de Marín, así como a los también sacerdotes Aniceto de Eguren, José de Markiegi, Leonardo de Guridi y José Sagarna, mientras que en el cementerio de Oyarzun fue muerto el arcipreste de Mondragón, José de Arin. El 27 de octubre fue muerto el vicario de Marquina y al día siguiente, el cura auxiliar de Elgóibar. En el mismo mes se acabó con la vida de los padres Lupo, Otano y Román, del convento de los carmelitas de Amorebieta.
El embajador de Estados Unidos en España durante la guerra civil, Claude Bowers, se refirió a aquellos hechos en los siguientes términos:
“...esta lealtad de los católicos vascos a la democracia ponía en un aprieto a los propagandistas que insistían en que los moros y los nazis estaban luchando para salvar a la religión cristiana del comunismo”.
Claude Bowers, Misión en España: en el umbral de la Segunda Guerra Mundial 1933-1939, cap. El martirio de los vascos. Ed. Exito, 1978, ISBN 84-253-9223-3
Isidro Gomá fue informado de los casos el 26 de octubre por una nota del presidente de la Junta de Acción Católica de San Sebastián y tras reunirse con Franco, envió una nota el 8 de noviembre a la Santa Sede en la que daba parte de que lo ocurrido se había producido "por abuso de autoridad por parte de un subalterno" y de la promesa de Franco de que "no ocurrirá fusilamiento alguno de sacerdotes sin que se observen juntamente con las leyes militares las disposiciones de la Iglesia". Sin embargo, la opinión pública no supo del posicionamiento de Gomá y el 22 de diciembre, el lehendakari José Antonio Aguirre en una alocución para Radio Bilbao denunció además del asesinato, la persecución y destierro de sacerdotes por "ser amantes del pueblo vasco", intervención que fue replicada desde Pamplona el 13 de enero de 1937 por el cardenal en su Carta abierta al Sr. Aguirre negando los motivos expuestos por Aguirre, y explicando que dichos religiosos fueron fusilados "por haberse apeado del plano de santidad en el que tenían que haber permanecido". La posición oficial de la Iglesia Católica española y de autores afines insisten en afirmar la diferenciación, por motivos políticos "asociados al separatismo vasco",36 de éstas víctimas.
Otros episodios de violencia en contra de religiosos vascos por el bando sublevado acontecieron en el bombardeo indiscriminado de Durango, el 31 de marzo de 1937, en el que resultaron muertos 14 monjas y dos sacerdotes, entre ellos el padre Morilla que falleció mientras oficiaba una misa. De mayor impacto en la opinión pública católica internacional resultó el bombardeo de Guernica, pocos días después, el 26 de abril, del que fue testigo el sacerdote Alberto Ondaindía. Tras estos acontecimientos, las protestas de los medios en el extranjero se hicieron notar y así el filósofo convertido al catolicismo Jacques Maritain declaró:
“...si creen que han de matar, en nombre del orden social o de la nación, lo cual ya es bastante horrible, pero que no maten en nombre del Cristo Rey, que no es un jefe guerrero, sino un rey del perdón y de la caridad”.
Jacques Maritain en "El mito de la Cruzada de Franco" de Herbert R. Southworth, citado por (Casanova 2005; 164)
La reacción de Gomá y Franco ante la creciente polémica generada en el seno del catolicismo internacional fue la de preparar la Carta colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España, firmada el 1 de julio de 1937, por la que se confirmó el apoyo definitivo de la jerarquía de la Iglesia española al bando franquista. Suscrita por 43 obispos y 5 vicarios capitulares, no contó sin embargo con la firma ni del obispo de Vitoria Mateo Múgica, quien alegó a las circunstancias de su exilio para no rubricarla, ni del arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer. Impresa en francés, italiano e inglés, declaraba a la opinión pública internacional que siendo la Iglesia española "víctima inocente, pacífica, indefensa" de la guerra, apoyaba la causa del bando garante de "los principios fundamentales de las sociedad" antes "de perecer totalmente en manos del comunismo" que había provocado la revolución "antiespañola" y "anticristiana" y que llevaba "asesinados a más de 300.000 seglares"
Otros actos de represión contra religiosos que acontecieron en territorio bajo control franquista y que cayeron en el olvido, han sido investigados desde los años noventa. En Mallorca fue ejecutado el 7 de junio de 1937, tras consejo de guerra, Jeroni Alomar Poquet, sacerdote acusado por los franquistas de utilizar un radiotransmisor para comunicarse con sus enemigos y abandonado por la jerarquía eclesiástica de la isla, que justificó su asesinato al considerarlo "díscolo" e "izquierdista". En Galicia, Andrés Ares Díaz, párroco de Val do Xestoso fue asesinado por falangistas el 3 de octubre de 1936, acusado de ofrecer el dinero de una colecta al Socorro Rojo.
El profesor Antonio Aramayona por su parte, destaca el caso de José Pascual Duaso, cura de Loscorrales, fusilado según el autor, por "comunista" al distribuir la leche de su vaca entre los necesitados del lugar.
Finaliza mañana
martes, 22 de mayo de 2012
SANTOS CRISTÓBAL MAGALLANES Y COMPAÑEROS,
SANTOS CRISTÓBAL MAGALLANES Y COMPAÑEROS,
MÁRTIRES DE MÉXICO EN EL SIGLO XX.
El 21 de mayo del año 2000, el papa Juan Pablo II canonizó a 25 mártires de la persecución religiosa desatada en México; 22 eran sacerdotes del clero secular y 3 jóvenes laicos, colaboradores de sus párrocos; todos ellos aceptaron libre y serenamente el martirio en distintos lugares y fechas, de 1915 a 1937, como testimonio de su fe, perdonando explícitamente a sus perseguidores. La fiesta particular de cada uno se celebra el día de su muerte. He aquí sus nombres y la fecha de su martirio:
- Cristóbal Magallanes, 25 de mayo de 1927;
- Agustín Caloca, 25 de mayo de 1927;
- Atilano Cruz, 1 de julio de 1928;
- David Galván, 30 de enero de 1915;
- David Roldán (laico), 15 de agosto de 1926;
- David Uribe, 12 de abril de 1927;
- Jenaro Sánchez, 18 enero de 1927;
- Jesús Méndez, 5 de febrero de 1928;
- José Isabel Flores, 21 de junio de 1927;
- José María Robles, 26 de junio de 1927;
- Julio Álvarez, 30 de marzo de 1927;
- Justino Orona, 1 de julio de 1928;
- Luis Batis, 15 de agosto de 1926;
- Manuel Morales (laico), 15 de agosto de 1926;
- Margarito Flores, 12 de noviembre de 1927;
- Mateo Correa, 6 de febrero de 1927;
- Miguel de la Mora, 7 de agosto de 1927;
- Pedro de Jesús Maldonado, 11 de febrero de 1937;
- Pedro Esqueda, 22 de noviembre de 1927;
- Rodrigo Aguilar, 28 de octubre de 1927;
- Román Adame, 21 de abril 1927;
- Sabas Reyes, 13 de abril de 1927;
- Salvador Lara (laico), 15 de agosto de 1926;
- Toribio Romo, 25 de febrero de 1928;
- Tranquilino Ubiarco, 5 de octubre de 1928.
MÁRTIRES DE MÉXICO EN EL SIGLO XX.
El 21 de mayo del año 2000, el papa Juan Pablo II canonizó a 25 mártires de la persecución religiosa desatada en México; 22 eran sacerdotes del clero secular y 3 jóvenes laicos, colaboradores de sus párrocos; todos ellos aceptaron libre y serenamente el martirio en distintos lugares y fechas, de 1915 a 1937, como testimonio de su fe, perdonando explícitamente a sus perseguidores. La fiesta particular de cada uno se celebra el día de su muerte. He aquí sus nombres y la fecha de su martirio:
- Cristóbal Magallanes, 25 de mayo de 1927;
- Agustín Caloca, 25 de mayo de 1927;
- Atilano Cruz, 1 de julio de 1928;
- David Galván, 30 de enero de 1915;
- David Roldán (laico), 15 de agosto de 1926;
- David Uribe, 12 de abril de 1927;
- Jenaro Sánchez, 18 enero de 1927;
- Jesús Méndez, 5 de febrero de 1928;
- José Isabel Flores, 21 de junio de 1927;
- José María Robles, 26 de junio de 1927;
- Julio Álvarez, 30 de marzo de 1927;
- Justino Orona, 1 de julio de 1928;
- Luis Batis, 15 de agosto de 1926;
- Manuel Morales (laico), 15 de agosto de 1926;
- Margarito Flores, 12 de noviembre de 1927;
- Mateo Correa, 6 de febrero de 1927;
- Miguel de la Mora, 7 de agosto de 1927;
- Pedro de Jesús Maldonado, 11 de febrero de 1937;
- Pedro Esqueda, 22 de noviembre de 1927;
- Rodrigo Aguilar, 28 de octubre de 1927;
- Román Adame, 21 de abril 1927;
- Sabas Reyes, 13 de abril de 1927;
- Salvador Lara (laico), 15 de agosto de 1926;
- Toribio Romo, 25 de febrero de 1928;
- Tranquilino Ubiarco, 5 de octubre de 1928.
PERSECUCIÓN RELIGIOSA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Archivos Desclaficados (Informe Nº: 15)
Nombre del archivo: Persecución religiosa durante la Guerra Civil Española
Antecedentes: anticlericalismo y desencuentros con el republicanismo
A lo largo de la historia contemporánea de España anterior a la guerra civil de 1936, la violencia ejercida en contra de las personas relacionadas con la Iglesia Católica, los símbolos de su religión o sus intereses, ha sido estudiada por su carácter recurrente y prolongado en el tiempo como uno de los rasgos más destacados del anticlericalismo español, que surgido en el ideario político liberal, luego sería retomado por las corrientes republicanas más radicales y del movimiento obrero. Los asesinatos en el bienio de 1822-1823 (durante el Trienio Liberal), la matanza de sacerdotes en Madrid de 1834 (durante la Primera Guerra Carlista) y luego, durante las otras Guerras Carlistas o los episodios de la Semana Trágica de Barcelona de 1909 son los ejemplos de violencia más significativos del periodo anterior al establecimiento de la Segunda República,6 y muestran la existencia de un significativo sentimiento anticlerical en la sociedad española.
En vísperas de la proclamación republicana, la Iglesia Católica era una institución identificada por una parte importante de la sociedad española con parte de los estamentos del poder heredados del Antiguo Régimen junto a la Corona, a la que apoyaba en su acción política en la misma extensión que la de los sectores promonárquicos y de la oligarquía, coincidiendo en las reclamaciones para conservar sus privilegios sociales y económicos tradicionales. Desde esta perspectiva también, la mayoría del clero se había asociado a los intereses de la clase propietaria e incluso, se le asimilaba directamente con esta clase social. Los medios de comunicación y el discurso de los políticos, generalmente desde los movimientos obreros y el republicanismo, pero también desde algunas posiciones reformistas del propio movimiento monárquico, justificaban e incluso alentaban la hostilidad de las clases populares hacia la Iglesia y su jerarquía.
Durante la campaña electoral para las elecciones municipales de abril de 1931, que llevaría al cambio de régimen en España, y a pesar de la presencia de católicos como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura en las filas republicanas, buena parte de los miembros de la Iglesia vincularon la doctrina católica con la del ideario de los partidos monárquicos pero tras la derrota de estos y en los días posteriores inmediatos a la proclamación de la Segunda República, la jerarquía católica, a pesar de sus reticencias iniciales, justificadas en que el gobierno se llamaba a sí mismo "provisional" y en que el rey no había abdicado, terminó por acatar formalmente la forma del nuevo régimen. Así, esta línea de actuación se pudo constatar en las instrucciones que los distintos obispados transmitieron a los sacerdotes para que no intervinieran en cuestiones políticas, como reflejó la nota del obispado de Gerona del 18 de abril en el boletín de la diócesis:
1º Procuren los reverendos sacerdotes no mezclarse en contiendas políticas, a tenor de los sagrados cánones.
2º Permanezca cada uno en su puesto, cumpliendo celosamente las funciones propias de su cargo; y en cuanto a la predicación, eviten las alusiones directas o indirectas al estado actual de cosas, desempeñando ese importante ministerio con la más exquisita prudencia.
3º Guarden con las autoridades seculares todos los respetos debidos y colaboren con ellas, por los medios que les son propios, en la prosecución de sus nobles fines.
El cardenal primado, Pedro Segura declaró a las pocas semanas que "monarquía y república caben en la doctrina católica" y en una pastoral fechada el 30 de abril de 1931, aconsejó a los monárquicos "discutir noblemente cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra noble nación".
Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los planes de actuación del nuevo Gobierno, en el mes de mayo de 1931, la prensa madrileña reflejó la división de opiniones en el seno de los sectores católicos, divididos entre los que desde las posiciones más "integristas" o "rupturistas", encabezada entre otros por el cardenal primado Segura10 mantenían la identificación del catolicismo con la monarquía, y los que aceptaban la República8 según la posición llamada "vaticana", que aunque conservadora, abogaba por posturas legalista y conciliadoras.
Segura decidió expresar su posición publicando el 7 de mayo en la prensa una carta pastoral, la primera publicada por un cardenal desde el 14 de abril, en la que denunciaba los planes del nuevo régimen, al que comparaba con el bolchevique, para realizar "ataques a los derechos de la Iglesia", como el matrimonio civil o el divorcio, que el hispanista Gabriel Jackson comentaba del siguiente modo:
Fue la primera declaración pública del cardenal desde la proclamación de la República. En ella se refería repetidas veces a las graves amenazas de anarquía a que España se veía expuesta. Aunque la Iglesia no se preocupaba de formas régimen, deseaba expresar la gratitud a S.M.[...] Recordó el ejemplo de Baviera en 1919 [durante la revolución espartaquista], cuando la población católica salvó al país de una breve ocupación bolchevique, sugiriendo, por tanto, por analogía, que el gobierno provisional de la República era de la misma categoría que el régimen comunista de la breve revolución bávara. Por ataques a los derechos de la Iglesia, el cardenal entendía la bien conocida determinación del nuevo régimen de separar la iglesia del Estado, organizar un sistema de enseñanza laica e introducir el matrimonio civil y el divorcio.
Gabriel Jackson; 48
Al día siguiente, Segura prosiguió, ignorando los consejos de moderación de la Secretaría de Estado del Vaticano, enviando una circular interna en la que instaba a los religiosos a retirar los fondos de sus cuentas bancarias del país y depositarlos en el extranjero[cita requerida], acción que en caso de producirse, contravendría las disposiciones en contra de la fuga de capitales adoptadas por el Gobierno provisional. La respuesta del ministro de la Gobernación, el católico Miguel Maura, a ambos escritos fue la de decretar la expulsión del país del cardenal, hecho que no se completó hasta varias semanas más tarde. La actitud del sector "integrista" fue entonces considerada como una provocación, contribuyendo a avivar el sentimiento anticlerical que surgiría en los episodios del 10 de mayo de 1931 en Madrid.
Aquella jornada dominical, tras una reunión de personas derechistas en la inauguración del Círculo Monárquico Independiente, fue colocado un altavoz en el que podía oírse la Marcha Real, en la calle de Alcalá de Madrid, cuando numerosos ciudadanos regresaban del tradicional paseo por El Retiro. El enfrentamiento entre los asistentes al acto monárquico y los ciudadanos que les recriminaban su actitud fue aprovechado por simpatizantes de la extrema izquierda, que habían planificado actos de protesta con motivo de la reunión derechista, para provocar disturbios violentos en la proximidad de edificios de filiación monárquica, como en la sede del diario ABC, donde la Guardia Civil pudo controlarlos, pero en los que resultaron muertas dos personas, un niño de 13 años y el portero de una finca, primeras víctimas mortales tras la proclamación pacífica de la República en abril. Al día siguiente, las protestas, que habían concentrado a 5.000 personas en la Puerta del Sol en contra del ministro de Gobernación y de las fuerzas de orden, se reanudaron pero esta vez, con la convocatoria de una huelga general por parte de la CNT y del Partido Comunista, pero sin el apoyo del sindicato y partido socialistas, en la que se incrementó el carácter violento anticlerical resultando incendiadas varias iglesias, colegios religiosos y conventos sin que el Gobierno, entonces dividido, decidiera usar la fuerza para evitarlo. Los destrozos se extendieron a otras ciudades en la jornada del 11 de mayo, como Málaga, donde ardió el palacio episcopal, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia o Valencia, provocando el pánico entre frailes y monjas. Para cuando se hubo controlado la situación, el día 15 de mayo, un centenar de edificios habían sido afectados por los incendios provocados.
El episodio trajo a la memoria los acontecimientos anteriores de la Semana Trágica de 1909, mucho más graves en cuanto a daños personales y materiales, pero que por su proximidad a la fecha de proclamación de la República, fue posteriormente utilizado por los medios de propaganda como referencia temporal y justificación de la causa del bando vencedor, como recordaban las palabras de un sacerdote:
“Fue a partir de aquel día cuando comprendí que nada se conseguiría por medios legales, que para salvarnos tendríamos que sublevarnos antes o después”.
Testimonio de Alejandro Martí, recopilado por Roland Fraser en Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, v. II, pg. 322-327. Citado en (Casanova 2005; 34)
Pocas semanas después de los disturbios anticlericales, la definitiva expulsión de Segura tras su arresto el 11 de junio en Pastrana, perpetuado por unas célebres imágenes tomadas por los reporteros gráficos que cubrían el evento, sirvió para acrecentar el cruce de acusaciones y caldear aún más el clima de tensión social generado, si bien la Santa Sede anunció la renuncia a la sede primada de Toledo del cardenal Segura el 30 de septiembre de 1931.
En los meses que siguieron, durante los debates de ponencia de la nueva Constitución se plasmó nuevamente la divergencia entre los sectores católicos, una parte de ellos representados desde abril por la asociación Acción Nacional, que iría aumentando progresivamente su influencia en la escena política, y los republicanos laicistas. La Constitución estipulaba, en su artículo 26, párrafo 3, la separación entre Iglesia y Estado y el sometimiento de las órdenes religiosas "que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado" (en referencia a su obediencia al Vaticano), a un Estatuto especial por el que se les prohibía la enseñanza. También se contemplaba la finalización de las partidas del presupuesto del Estado correspondientes a Culto y Clero, extinguiendo la vía pública de financiación de la Iglesia Católica. En un parlamento en el que, en virtud de la ley electoral, la conjunción republicano-socialista había obtenido una holgada mayoría parlamentaria, tras las elecciones de junio de 1931, el artículo 26 fue aprobado con 178 votos a favor y 59 en contra, pero sumó numerosas abstenciones y provocó la retirada de 42 diputados de los partidos agrarios y de los representantes vasco-navarros. Las disposiciones constitucionales, una vez aprobado el texto el 9 de diciembre de 1931, llevaron a la disolución en el país de la Compañía de Jesús, el 24 de enero de 1932, lo que provocó que la mayoría de los jesuitas partiera al exilio.
En las postrimerías del bienio reformista, el 17 de mayo de 1933, el gobierno aprobó la controvertida Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 2 de junio de 1933, y reglamentada por un Decreto de 27 de julio por la que se desarrollaba el carácter laico del Estado según estipulaba la Constitución. La ley confirmaba la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, a la vez que se declararon de propiedad pública los monasterios e iglesias. Sin embargo, la ley que afectaba a la escolarización de más de 350.000 alumnos en un país donde el 40% de la población era analfabeta, fue en la práctica suspendida por la imposibilidad del Gobierno de izquierdas, derrotado en las elecciones del mes de noviembre, de construir el número suficiente de escuelas primarias en sustitución de las dependientes de la Iglesia.
La respuesta a todas estas actuaciones del Gobierno de izquierdas se plasmó en múltiples reacciones de los sectores católicos: el arzobispo de Tarragona y cardenal Francisco Vidal y Barraquer, más tarde salvado de la persecución por el Gobierno catalán, firmo una carta episcopal (25 de mayo de 1933), por la que se condenaba lo que calificaba de injerencia gubernamental y se llamaba a la movilización política de los católicos contra todo lo que "amenazara a los derechos integrales de la Iglesia". Enrique Herrera Oria, dirigente de la Federación de Amigos de la Enseñanza definió la Ley como "de la guerra civil de la cultura", mientras que desde el carlismo, Manuel Fal Conde consideraba que los católicos debían defenderse "con su sangre incluso".16 Por su parte, el 3 de junio, el papa Pío XI, quien el 12 de abril de 1933 nombró a Isidro Gomá, obispo de Tarazona, nuevo cardenal primado de España, dedicó expresamente la encíclica Dilectísima Nobis a "condenar el espíritu anticristiano del régimen español", afirmando que la Ley de Congregaciones "nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia" y animando a la unión de los católicos contra la República:
“...ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos vivamente a los católicos de España que, dejando a un lado recriminaciones y lamentos y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos, disciplinados, para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil”.
Gil Pecharromán, "La cuestión religiosa", en Artehistoria
La movilización religiosa del electorado, que en estas elecciones tuvo una candidatura única a la que votar, tras una dura campaña en la que los medios conservadores y de extrema izquierda acentuaron por una y otra parte la sensación de "persecución" y de amenaza del "fascismo", fue una de las causas de la recuperación de la derecha no republicana en las elecciones de noviembre de 1933 que permitieron la formación de un nuevo Gobierno de carácter conservador que iniciaría una etapa de revisión de las decisiones tomadas durante el bienio precedente.
El aumento de la conflictividad social durante el bienio conservador desembocó en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias en los que el Ejército tuvo que sofocar una insurrección proletaria. El episodio se saldó con la muerte de cerca de 1.400 personas y con 3.000 heridos, y durante el cual el anticlericalismo resurgió brutalmente. Durante la insurrección, encontraron la muerte 34 religiosos en episodios como el asesinato de los ocho Hermanos de La Salle y un padre pasionista del valle de Turón y resultaron dañadas o destruidas 58 iglesias, el palacio episcopal y la Cámara Santa de la catedral, que fue gravemente dañada por una explosión, además de contabilizarse la pérdida del patrimonio documental del seminario, hechos que no habían acontecido en el país desde las matanzas de Madrid y Barcelona de 1834 y 1835.18 Estos hechos de Asturias, avivados por la propaganda partidista que reclamó el castigo y represión de los revolucionarios, evidenciaron el grado de radicalización y división de la sociedad española en dos sectores que unos meses más tarde se enfrentaron nuevamente de manera general y trágica durante la Guerra Civil.
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Nombre del archivo: Persecución religiosa durante la Guerra Civil Española
Antecedentes: anticlericalismo y desencuentros con el republicanismo
A lo largo de la historia contemporánea de España anterior a la guerra civil de 1936, la violencia ejercida en contra de las personas relacionadas con la Iglesia Católica, los símbolos de su religión o sus intereses, ha sido estudiada por su carácter recurrente y prolongado en el tiempo como uno de los rasgos más destacados del anticlericalismo español, que surgido en el ideario político liberal, luego sería retomado por las corrientes republicanas más radicales y del movimiento obrero. Los asesinatos en el bienio de 1822-1823 (durante el Trienio Liberal), la matanza de sacerdotes en Madrid de 1834 (durante la Primera Guerra Carlista) y luego, durante las otras Guerras Carlistas o los episodios de la Semana Trágica de Barcelona de 1909 son los ejemplos de violencia más significativos del periodo anterior al establecimiento de la Segunda República,6 y muestran la existencia de un significativo sentimiento anticlerical en la sociedad española.
En vísperas de la proclamación republicana, la Iglesia Católica era una institución identificada por una parte importante de la sociedad española con parte de los estamentos del poder heredados del Antiguo Régimen junto a la Corona, a la que apoyaba en su acción política en la misma extensión que la de los sectores promonárquicos y de la oligarquía, coincidiendo en las reclamaciones para conservar sus privilegios sociales y económicos tradicionales. Desde esta perspectiva también, la mayoría del clero se había asociado a los intereses de la clase propietaria e incluso, se le asimilaba directamente con esta clase social. Los medios de comunicación y el discurso de los políticos, generalmente desde los movimientos obreros y el republicanismo, pero también desde algunas posiciones reformistas del propio movimiento monárquico, justificaban e incluso alentaban la hostilidad de las clases populares hacia la Iglesia y su jerarquía.
Durante la campaña electoral para las elecciones municipales de abril de 1931, que llevaría al cambio de régimen en España, y a pesar de la presencia de católicos como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura en las filas republicanas, buena parte de los miembros de la Iglesia vincularon la doctrina católica con la del ideario de los partidos monárquicos pero tras la derrota de estos y en los días posteriores inmediatos a la proclamación de la Segunda República, la jerarquía católica, a pesar de sus reticencias iniciales, justificadas en que el gobierno se llamaba a sí mismo "provisional" y en que el rey no había abdicado, terminó por acatar formalmente la forma del nuevo régimen. Así, esta línea de actuación se pudo constatar en las instrucciones que los distintos obispados transmitieron a los sacerdotes para que no intervinieran en cuestiones políticas, como reflejó la nota del obispado de Gerona del 18 de abril en el boletín de la diócesis:
1º Procuren los reverendos sacerdotes no mezclarse en contiendas políticas, a tenor de los sagrados cánones.
2º Permanezca cada uno en su puesto, cumpliendo celosamente las funciones propias de su cargo; y en cuanto a la predicación, eviten las alusiones directas o indirectas al estado actual de cosas, desempeñando ese importante ministerio con la más exquisita prudencia.
3º Guarden con las autoridades seculares todos los respetos debidos y colaboren con ellas, por los medios que les son propios, en la prosecución de sus nobles fines.
El cardenal primado, Pedro Segura declaró a las pocas semanas que "monarquía y república caben en la doctrina católica" y en una pastoral fechada el 30 de abril de 1931, aconsejó a los monárquicos "discutir noblemente cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra noble nación".
Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los planes de actuación del nuevo Gobierno, en el mes de mayo de 1931, la prensa madrileña reflejó la división de opiniones en el seno de los sectores católicos, divididos entre los que desde las posiciones más "integristas" o "rupturistas", encabezada entre otros por el cardenal primado Segura10 mantenían la identificación del catolicismo con la monarquía, y los que aceptaban la República8 según la posición llamada "vaticana", que aunque conservadora, abogaba por posturas legalista y conciliadoras.
Segura decidió expresar su posición publicando el 7 de mayo en la prensa una carta pastoral, la primera publicada por un cardenal desde el 14 de abril, en la que denunciaba los planes del nuevo régimen, al que comparaba con el bolchevique, para realizar "ataques a los derechos de la Iglesia", como el matrimonio civil o el divorcio, que el hispanista Gabriel Jackson comentaba del siguiente modo:
Fue la primera declaración pública del cardenal desde la proclamación de la República. En ella se refería repetidas veces a las graves amenazas de anarquía a que España se veía expuesta. Aunque la Iglesia no se preocupaba de formas régimen, deseaba expresar la gratitud a S.M.[...] Recordó el ejemplo de Baviera en 1919 [durante la revolución espartaquista], cuando la población católica salvó al país de una breve ocupación bolchevique, sugiriendo, por tanto, por analogía, que el gobierno provisional de la República era de la misma categoría que el régimen comunista de la breve revolución bávara. Por ataques a los derechos de la Iglesia, el cardenal entendía la bien conocida determinación del nuevo régimen de separar la iglesia del Estado, organizar un sistema de enseñanza laica e introducir el matrimonio civil y el divorcio.
Gabriel Jackson; 48
Al día siguiente, Segura prosiguió, ignorando los consejos de moderación de la Secretaría de Estado del Vaticano, enviando una circular interna en la que instaba a los religiosos a retirar los fondos de sus cuentas bancarias del país y depositarlos en el extranjero[cita requerida], acción que en caso de producirse, contravendría las disposiciones en contra de la fuga de capitales adoptadas por el Gobierno provisional. La respuesta del ministro de la Gobernación, el católico Miguel Maura, a ambos escritos fue la de decretar la expulsión del país del cardenal, hecho que no se completó hasta varias semanas más tarde. La actitud del sector "integrista" fue entonces considerada como una provocación, contribuyendo a avivar el sentimiento anticlerical que surgiría en los episodios del 10 de mayo de 1931 en Madrid.
Aquella jornada dominical, tras una reunión de personas derechistas en la inauguración del Círculo Monárquico Independiente, fue colocado un altavoz en el que podía oírse la Marcha Real, en la calle de Alcalá de Madrid, cuando numerosos ciudadanos regresaban del tradicional paseo por El Retiro. El enfrentamiento entre los asistentes al acto monárquico y los ciudadanos que les recriminaban su actitud fue aprovechado por simpatizantes de la extrema izquierda, que habían planificado actos de protesta con motivo de la reunión derechista, para provocar disturbios violentos en la proximidad de edificios de filiación monárquica, como en la sede del diario ABC, donde la Guardia Civil pudo controlarlos, pero en los que resultaron muertas dos personas, un niño de 13 años y el portero de una finca, primeras víctimas mortales tras la proclamación pacífica de la República en abril. Al día siguiente, las protestas, que habían concentrado a 5.000 personas en la Puerta del Sol en contra del ministro de Gobernación y de las fuerzas de orden, se reanudaron pero esta vez, con la convocatoria de una huelga general por parte de la CNT y del Partido Comunista, pero sin el apoyo del sindicato y partido socialistas, en la que se incrementó el carácter violento anticlerical resultando incendiadas varias iglesias, colegios religiosos y conventos sin que el Gobierno, entonces dividido, decidiera usar la fuerza para evitarlo. Los destrozos se extendieron a otras ciudades en la jornada del 11 de mayo, como Málaga, donde ardió el palacio episcopal, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia o Valencia, provocando el pánico entre frailes y monjas. Para cuando se hubo controlado la situación, el día 15 de mayo, un centenar de edificios habían sido afectados por los incendios provocados.
El episodio trajo a la memoria los acontecimientos anteriores de la Semana Trágica de 1909, mucho más graves en cuanto a daños personales y materiales, pero que por su proximidad a la fecha de proclamación de la República, fue posteriormente utilizado por los medios de propaganda como referencia temporal y justificación de la causa del bando vencedor, como recordaban las palabras de un sacerdote:
“Fue a partir de aquel día cuando comprendí que nada se conseguiría por medios legales, que para salvarnos tendríamos que sublevarnos antes o después”.
Testimonio de Alejandro Martí, recopilado por Roland Fraser en Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, v. II, pg. 322-327. Citado en (Casanova 2005; 34)
Pocas semanas después de los disturbios anticlericales, la definitiva expulsión de Segura tras su arresto el 11 de junio en Pastrana, perpetuado por unas célebres imágenes tomadas por los reporteros gráficos que cubrían el evento, sirvió para acrecentar el cruce de acusaciones y caldear aún más el clima de tensión social generado, si bien la Santa Sede anunció la renuncia a la sede primada de Toledo del cardenal Segura el 30 de septiembre de 1931.
En los meses que siguieron, durante los debates de ponencia de la nueva Constitución se plasmó nuevamente la divergencia entre los sectores católicos, una parte de ellos representados desde abril por la asociación Acción Nacional, que iría aumentando progresivamente su influencia en la escena política, y los republicanos laicistas. La Constitución estipulaba, en su artículo 26, párrafo 3, la separación entre Iglesia y Estado y el sometimiento de las órdenes religiosas "que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado" (en referencia a su obediencia al Vaticano), a un Estatuto especial por el que se les prohibía la enseñanza. También se contemplaba la finalización de las partidas del presupuesto del Estado correspondientes a Culto y Clero, extinguiendo la vía pública de financiación de la Iglesia Católica. En un parlamento en el que, en virtud de la ley electoral, la conjunción republicano-socialista había obtenido una holgada mayoría parlamentaria, tras las elecciones de junio de 1931, el artículo 26 fue aprobado con 178 votos a favor y 59 en contra, pero sumó numerosas abstenciones y provocó la retirada de 42 diputados de los partidos agrarios y de los representantes vasco-navarros. Las disposiciones constitucionales, una vez aprobado el texto el 9 de diciembre de 1931, llevaron a la disolución en el país de la Compañía de Jesús, el 24 de enero de 1932, lo que provocó que la mayoría de los jesuitas partiera al exilio.
En las postrimerías del bienio reformista, el 17 de mayo de 1933, el gobierno aprobó la controvertida Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 2 de junio de 1933, y reglamentada por un Decreto de 27 de julio por la que se desarrollaba el carácter laico del Estado según estipulaba la Constitución. La ley confirmaba la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, a la vez que se declararon de propiedad pública los monasterios e iglesias. Sin embargo, la ley que afectaba a la escolarización de más de 350.000 alumnos en un país donde el 40% de la población era analfabeta, fue en la práctica suspendida por la imposibilidad del Gobierno de izquierdas, derrotado en las elecciones del mes de noviembre, de construir el número suficiente de escuelas primarias en sustitución de las dependientes de la Iglesia.
La respuesta a todas estas actuaciones del Gobierno de izquierdas se plasmó en múltiples reacciones de los sectores católicos: el arzobispo de Tarragona y cardenal Francisco Vidal y Barraquer, más tarde salvado de la persecución por el Gobierno catalán, firmo una carta episcopal (25 de mayo de 1933), por la que se condenaba lo que calificaba de injerencia gubernamental y se llamaba a la movilización política de los católicos contra todo lo que "amenazara a los derechos integrales de la Iglesia". Enrique Herrera Oria, dirigente de la Federación de Amigos de la Enseñanza definió la Ley como "de la guerra civil de la cultura", mientras que desde el carlismo, Manuel Fal Conde consideraba que los católicos debían defenderse "con su sangre incluso".16 Por su parte, el 3 de junio, el papa Pío XI, quien el 12 de abril de 1933 nombró a Isidro Gomá, obispo de Tarazona, nuevo cardenal primado de España, dedicó expresamente la encíclica Dilectísima Nobis a "condenar el espíritu anticristiano del régimen español", afirmando que la Ley de Congregaciones "nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia" y animando a la unión de los católicos contra la República:
“...ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos vivamente a los católicos de España que, dejando a un lado recriminaciones y lamentos y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos, disciplinados, para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil”.
Gil Pecharromán, "La cuestión religiosa", en Artehistoria
La movilización religiosa del electorado, que en estas elecciones tuvo una candidatura única a la que votar, tras una dura campaña en la que los medios conservadores y de extrema izquierda acentuaron por una y otra parte la sensación de "persecución" y de amenaza del "fascismo", fue una de las causas de la recuperación de la derecha no republicana en las elecciones de noviembre de 1933 que permitieron la formación de un nuevo Gobierno de carácter conservador que iniciaría una etapa de revisión de las decisiones tomadas durante el bienio precedente.
El aumento de la conflictividad social durante el bienio conservador desembocó en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias en los que el Ejército tuvo que sofocar una insurrección proletaria. El episodio se saldó con la muerte de cerca de 1.400 personas y con 3.000 heridos, y durante el cual el anticlericalismo resurgió brutalmente. Durante la insurrección, encontraron la muerte 34 religiosos en episodios como el asesinato de los ocho Hermanos de La Salle y un padre pasionista del valle de Turón y resultaron dañadas o destruidas 58 iglesias, el palacio episcopal y la Cámara Santa de la catedral, que fue gravemente dañada por una explosión, además de contabilizarse la pérdida del patrimonio documental del seminario, hechos que no habían acontecido en el país desde las matanzas de Madrid y Barcelona de 1834 y 1835.18 Estos hechos de Asturias, avivados por la propaganda partidista que reclamó el castigo y represión de los revolucionarios, evidenciaron el grado de radicalización y división de la sociedad española en dos sectores que unos meses más tarde se enfrentaron nuevamente de manera general y trágica durante la Guerra Civil.
Continúa mañana
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